Conde-Pumpido apoya castigar con cárcel la agresión a maestros

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apostó ayer por considerar como atentado las agresiones graves a maestros y médicos, como ha propuesto la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña. También el Partido Popular, "muy preocupado" por el acoso y la violencia en las aulas, pidió al Ejecutivo que elabore una ley integral para abordar este problema.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apoyó ayer el criterio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de considerar como atentado contra funcionario público, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años, las agresiones a maestros y médicos para "reforzar la seguridad" del profesorado y de quienes son "indebidamente agredidos".

Los artículos 550 y 551 del Código Penal, que recogen el delito de atentado, castigan con penas de prisión a "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".

Dificultades jurídicas

Conde-Pumpido precisó que la aplicación de este artículo, tal y como está redactado, a maestros y médicos, comporta dificultades técnico-jurídicas, por lo que insistió en que se trata de una posibilidad legal que debe utilizarse sólo en los casos en los que se den situaciones de gravedad.

Recordó que la Fiscalía General del Estado ya dictó en el ámbito escolar una instrucción para proteger a los menores de los abusos de sus compañeros y para reforzar la seguridad de los profesores. Por su parte, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ya ha dado instrucciones a sus subordinados de que acusen de "atentado" a los menores que agredan a sus profesores.

Al mismo asunto se refirió también el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, quien recordó que la Fiscalía andaluza lleva ya tiempo considerando la posibilidad de aplicar el artículo 550 a situaciones de agresión o intimidación graves a funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. García Calderón propone analizar este precepto en la Junta de Fiscales Jefe de Andalucía para remitir el acuerdo al Fiscal General del Estado.

Por otra parte, las situaciones de agresiones y otras formas de violencia en las que se ven involucrados los menores llevó ayer a la secretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Pastor, a plantear la posibilidad de modificar el Código Penal para tipificar como delito el acoso escolar. Así lo estudian las comunidades gobernadas por el PP. Ana Pastor mantuvo ayer una reunión con los consejeros de Educación de las comunidades donde gobiernan.

Desde el PP aseguraron estar "muy preocupados" por el acoso y la violencia en las aulas y pidieron al Ejecutivo que elabore una Ley Integral al entender que la Ley de Educación del Gobierno socialista no ha avanzado en "la promoción de la convivencia y la prevención del acoso escolar".

Los casos de violencia escolar, aunque graves, no están en absoluto generalizados, tal y como afirman los expertos que estudian esta cuestión. La federación de directivos de institutos también han criticado el tratamiento que algunos medios dan a estos incidentes y alertan de que pueden ser conductas que sean imitadas por los adolescentes si se insiste sobre ellas. Los directores de instituto opinan que en los centros escolares se suele convivir mejor que en los barrios en los que se ubican.

Trabajo coordinado

El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, apostó por hacer un trabajo coordinado entre la Administración central y autonómicas para hacer frente al problema de la violencia en las aulas. Y recordó que el ministerio y las comunidades autónomas ya han acordado un plan de mejora de la convivencia de los centros y un replanteamiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Cree que la convivencia en las escuelas se puede abordar con la nueva y polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha incluido el PSOE en su nueva ley de Educación.