El juez finaliza la instrucción del Caso Camas con la incriminación del alcalde y tres ediles

Carlos Mahón, el juez de instrucción número dos de Sevilla, ha dado por terminada la investigación del Caso Camas (Sevilla), el supuesto intento de soborno a una ex edil del municipio. El magistrado dictará en unos días el auto de incoación del procedimiento para que se celebre el juicio ante el tribunal del jurado. Y dirigirá la imputación contra las cinco personas que están ya imputadas por un supuesto delito de cohecho en la fase de investigación. A saber: Agustín Pavón, alcalde de Camas por IU; Antonio Enrique Fraile, ex concejal del PP; José del Castillo, ex concejal del PA; Aureliano Lucas, ex concejal del PP en Castilleja de Guzmán y Eusebio Gaviño, empresario del Aljarafe.

El juez citará a todos para comunicarles y concretarles su imputación, en los cinco días posteriores a la fecha de la resolución. En ese acto todas las partes podrán pronunciarse y pedir nuevas pruebas. También podrán recurrir el auto ante la Audiencia de Sevilla.

La decisión llega meses antes de que se celebren las elecciones municipales. La asamblea local de Izquierda Unida en Camas pretende presentar a Pavón como candidato de la coalición a la alcaldía.

"Existen datos más que suficientes para considerarlos a todos autores de un delito de cohecho.Y hay pruebas incriminatorias contra Pavón. El juez no tiene más remedio que tomar esa decisión", manifestó Julia García Mesa, la abogada de la denunciante Carmen Lobo.

El magistrado pedirá al fiscal que diga si cree necesaria una prueba de voz que le encargó hace siete meses a la Guardia Civil y que todavía no está hecha. Se trata de determinar si Agustín Pavón participa en una conversación, celebrada en la casa del empresario Gaviño, en la que los concejales presuntamente hablan con Francisco Gordo, uno de los denunciantes de la trama, para proponerle que convenza a Lobo de que vote la recalificación de varias parcelas a cambio de dinero. Si el fiscal entiende que esta diligencia es innecesaria, el magistrado dictará el auto sin incorporar la prueba.

El Caso Camas se destapó el 14 de septiembre de 2005 cuando la policía detuvo a Gaviño y a los concejal Fraile y del Castillo. La edil Carmen Lobo, ex militante de Izquierda Unida, y el militante de la coalición, Francisco Gordo, habían denunciado días antes que Gaviño había ofrecido a Lobo seis millones de euros y un chalet en la playa si con su voto permitía que salieran adelante diferentes operaciones urbanísticas en el municipio. El gobierno de Camas estaba formado por una coalición entre IU, el PP y el PA.

Como anticipo y prueba de confianza Gaviño entregó a Lobo un sobre con 12.000 euros la noche anterior al primer pleno en el que se iban a votar dos recalificaciones de terrenos. La policía presenció la escena en un restaurante sevillano e interceptó el dinero, que estaba guardado en un sobre con el membrete de la empresa Geconsa, propiedad del promotor inmobiliario Manuel Macías. Por la mañana, en el pleno, Lobo no levantó la mano y horas después Del Castillo le dijo por teléfono a Gaviño: "ahora habrá que mandarle unos gansters. Habrá que mandarle a alguien". Esta frase propició la detención de los concejales y el empresario ante el temor de que Lobo sufriera algún tipo de agresión.

Aquella noche, mientras Gaviño y Lobo cenaban, Antonio Enrique Fraile deambulaba con su coche por los alrededores de la calle Torneo de Sevilla. Era el 12 de septiembre de 2005. En el encuentro, además de los 12.000 euros, Gaviño le dió a Lobo un papel manuscrito supuestamente por Fraile, que obra en las actuaciones. En el mismo el ex concejal del PP subraya los puntos del orden del día que debe aprobar Lobo.

El día 13, los imputados esperaban que Carmen Lobo votara la recalificación de una parcela en la calle Santa María de Gracia y la venta de varias parcelas en el Polígono El Manchón. No lo hizo.

En el año que ha durado la instrucción del caso Camas han pasado tres magistrados por el juzgado. La investigación no ha permitido averiguar qué grupo empresarial o qué personas iban a pagar los seis millones de euros que Gaviño le prometió a Lobo. Él nunca desveló el secreto. En su última declaración judicial manifestó que los 12.000 euros se los dio el propietario de Geconsa, Manuel Macías. Pero matizó que Macías desconocía el destino del dinero y explicó que se lo debía por algunos trabajos. Gaviño que ha sufrido varias crisis nerviosas en sus comparecencias judiciales nunca ha reconocido que el dinero fuera para sobornar a la concejal. Siempre ha mantenido que era para ayudar económicamente a Francisco Gordo, con quien tenían proyectos empresariales a la vista.

Un jurado popular tendrá la última palabra posiblemente, y si nadie trata de dilatar el procedimiento, en fechas próximas a las elecciones municipales de mayo.