Silencio del beneficiario y críticas del PSOE

Francisco Javier Barroso Toledo es desde marzo de 2000 el administrador único de la empresa Nueva Planta Servicios Inmobiliarios SL, según la información que consta en el Registro Mercantil de la provincia de Cádiz. Esta firma auspicia varias promociones inmobiliarias en construcción y en venta, como ofertan en su página web e informan amablemente los empleados que atienden al público en la oficina de esta empresa. Estas instalaciones están situadas en la esquina del edificio más cercano al Ayuntamiento de Puerto Real, a apenas 20 metros de la casa consistorial que preside su hermano. Este promotor inmobiliario no ha respondido a la petición de entrevista solicitada hace cinco días en estas dependencias.

Fue el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto Real el que denunció ante la Consejería de Obras Públicas la adjudicación de esta licencia, que ha acabado con el recurso ante los tribunales. "No podíamos dar crédito cuando nos enteramos de ello, porque era demasiado descarado la actitud que se estaba teniendo. Es incomprensible pues no es ni lógico ni legal. Se puede hacer un cambio de uso para que eso pueda ser residencial, pero ni siquiera eso", critica Ana Mosquera, portavoz socialista, quien explica porqué acudieron a la Junta de Andalucía: "Era tan descarado que no podía ser una denuncia sólo que partiera del PSOE, sino que era necesario que el Gobierno andaluz tomara cartas en el asunto y denunciara los hechos porque desde luego nos ha extrañado con la tranquilidad con la que se ha adjudicado esa licencia".

El grupo socialista no se explica cómo el alcalde firmó este decreto y que en el avance del nuevo PGOU siga reconociendo el ayuntamiento esta parcela de uso educativo. "No lo podemos entender al menos que, después de 25 años como alcalde, esté tan acostumbrado a actuar como si Puerto Real fuera un cortijo y él el amo. Es que no vemos sustento legal que justifique esa decisión", dijo Ana Mosquera.

Arquitecto

El arquitecto Juan Antonio Pérez Beltrán afirmó que si no se modificó puntualmente el PGOU para cambiar el uso de la parcela en cuestión fue "porque no haría falta". En su opinión, el PEPRICA -en el que se basa para argumentar su informe favorable a la licencia de obras para vivienda particular- insta a proteger este inmueble, que data del siglo XIX: "Este plan afirma que hay que conservar, rehabilitar y restaurar este edificio que en la ficha figura primitivamente como vivienda". Añade que este edificio ya no se usa, como antaño, de guardería infantil o internado de estudiantes.

Este técnico desconocía el viernes de la pasada semana que la Junta ha recurrido esta licencia ante los tribunales. Asimismo, no supo explicar cómo el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbano sigue considerando esta parcela una dotación docente. "El avance está sujeto a modificaciones", se limitó a afirmar.