La fiscalía archiva el caso de los informes secretos de la época de CiU

La investigación concluye que eran estudios de "interés público"

Ni malversación ni infidelidad en la custodia de documentos. El fiscal considera que no hay delito en el caso de los 12 estudios o encuestas encargados por los gobiernos de CiU entre 1998 y 2003 que no se hicieron públicos. Con todo, la fiscalía constata irregularidades administrativas y precisa que el uso partidista de los informes "no deja de ser una mera sospecha más o menos fundada, pero no una certeza".

El fiscal realiza estas consideraciones en un acuerdo de archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia que presentó el diputado de ICV Joan Boada en febrero de este año. En aquella fecha trascendió que los gobiernos de CiU habían realizado 12 estudios que no se inscribieron en el Registro Público de Encuestas y Estudios de Opinión de la Generalitat.

ICV entendió que se había realizado una utilización partidista de esos informes, pagados con dinero público, para beneficiar a CiU. Tras varios meses de investigación, el fiscal concluye que esa "hipótesis lógica" no ha podido ser apoyada por indicios, por lo que el caso debe archivarse. En este tiempo declararon tres personas como testigos y otra como imputado. Fue Josep Camps Roca, director general de Evaluación y Estudios, dependiente de la Presidencia de la Generalitat, de 2000 a 2003.

El fiscal distingue entre los informes de contenido sociológico, referidos a cuestiones sociales o culturales, y los de materia política, que tratan de la intención de voto y la valoración de los líderes. En ambos casos, la fiscalía considera que "no son ajenos al interés público de la Administración" y añade que todas las administraciones los encargan con cierta asiduidad.

Censura pública

Por ello, el fiscal explica que no es él quien debe determinar el acierto de esas prácticas y su utilidad. "Su cuestionamiento o su censura corresponde, en su caso, a la opinión pública y a los órganos políticos", afirma la fiscalía.

En otro apartado se recuerda que si entre los años 1998 y 2003 no se registraron esos 12 estudios, sí se inscribieron otros 281 y que durante el mandato de Camps como director general se hizo lo mismo con otro centenar de informes. De ahí que se considere "un hecho excepcional" y no una "práctica generalizada" ese ocultamiento de los informes. Añade, además, el fiscal que los estudios no registrados se refieren a temas diversos, que van desde una encuesta electoral hasta la calidad del servicio de los bomberos, los valores de los catalanes y "el conflicto COPE".

Más allá de eso, el fiscal constata que el tema de fondo es la "deficiente regulación" que existía sobre esa materia. Eso explica "la existencia de evidentes irregularidades administrativas" en la contratación de esos estudios o encuestas, pero sin relevancia penal, así como un "deficiente funcionamiento organizativo" de la citada dirección general. En este sentido, el fiscal también constata una "insistente" utilización del procedimiento de urgencia en la contratación de los informes y un uso frecuente de la prórroga y modificación de los contratos, en lugar de tramitar otros nuevos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 14 de noviembre de 2006.

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