Detectados indicios de fraude en casi uno de cada diez pisos de protección oficial

El Gobierno ha detectado indicios de fraude en casi una de cada diez viviendas protegidas y en los dos últimos años ha sancionado a propietarios de 138 pisos de protección oficial. El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, reveló ayer que se han expropiado ocho pisos de VPO que llevaban más de un año vacíos o estaban ocupados por personas distintas a las autorizadas. Desde febrero, el departamento ha inspeccionado un total de 16.182 pisos protegidos de un parque que ronda los 50.000. "Le vamos a cazar [al infractor] antes o después", advirtió Madrazo.

El titular de Vivienda presentó ayer en Bilbao el balance del plan de inspección, a punto de cumplirse dos años desde su puesta en marcha. Las más de 16.000 VPO investigadas han llevado a la apertura de 1.972 diligencias. Consisten éstas en realizar consultas en los registros de pisos protegidos y de la propiedad urbana, acudir al catastro y recopilar información sobre consumos de agua y electricidad. Este proceso, según los datos aportados por Javier Madrazo, ha desembocado hasta ayer en un total de 138 sanciones, ya efectivas, por un importe que supera los 300.000 euros. La media de las multas por caso se acerca a los 2.200 euros.

La labor de inspección en estos dos años ha llevado al Gobierno a realizar estimar que las anomalías afectan, en distinto grado, al 9% del parque. Hay tres bolsas de fraude: la no ocupación del piso concedido, el alquiler a personas no autorizadas o las transmisiones y ventas sin el control del Gobierno. "Es una mínima parte del total. La mayor parte de las viviendas de protección oficial tienen un buen uso", destacó el consejero. Las inspecciones han descubierto situaciones extremas, como el alquiler por habitaciones individuales en VPO.

Ocho expropiaciones

El Ejecutivo, como le faculta la ley del Suelo aprobada el pasado 30 de junio, ha recurrido también a los procesos de expropiación cuando la vivienda asignada a un titular lleva más de un año vacío o ha sido utilizado por personas no autorizadas. Ha tramitado ocho expropiaciones (cinco en Álava, dos en Guipúzcoa y una en Vizcaya), aunque en siete casos el proceso no llegó hasta el final porque los propietarios de esos pisos protegidos los vendieron al Ejecutivo. Cerca de la mitad de los casos investigados quedan archivados porque han prescrito, existen dificultades de probar la presunta anomalía o las sospechas de fraude no estaban fundadas. Hace un año, Vivienda descubrió 390 casos de irregularidades en pisos de protección que se quedaron sin sanción al haber prescrito la infracción.

Vivienda cuenta con 18 inspectores para esta labor, de los que siete se dedican a visitar los inmuebles. Las sanciones pueden llegar a los 6.000 euros, pero esta multa se puede volver a imponer hasta que se solucione la infracción. El límite máximo es el valor del inmueble, y cuando se llega a esta situación se procede al embargo del piso.

Sobre los casos en los que se han encontrado irregularidades pero no se han podido probar, la intención es realizar un seguimiento específico. Madrazo quiso lanzar un mensaje a quienes incumplen la ley con las viviendas de protección. "Antes o después les vamos a cazar y se exponen a sanciones económicas fuertes". A su juicio, este tipo de fraudes no se pueden consentir, "cuando hay tanta gente esperando una vivienda" y desde los presupuestos públicos se hace un importante esfuerzo económico.

Estos planes de inspección se unen a otras medidas desarrolladas por el Gobierno, como la adjudicación de los pisos protegidos mediante sorteo, la calificación de VPO para toda la vida útil del piso -anteriormente se reducía a 20 años, periodo tras el cual se podía vender en el mercado libre- y la aplicación del sistema de tanteo y retracto, que permite al Gobierno adquirir las viviendas protegidas que se vayan a vender por encima del precio tasado.

[La sociedad Viviendas Municipales de Bilbao adjudicará este año un millar de pisos en alquiler, en régimen protegido, que supone una renta media de 260 euros mensuales. De ellos, 750 viviendas serán de segunda ocupación y 193, de nueva construcción. Estas últimas se asignarán en un sorteo que se celebra mañana. Estos inmuebles se dirigen a los colectivos con más dificultades, con especial atención a jóvenes que buscan su primer piso.]