González Pons plantea repartir las plusvalías del suelo

Esteban González Pons, consejero de Territorio y Vivienda, sorprendió ayer a propios y extraños al anunciar ante los asistentes al Congreso Nacional de Estrategia Empresarial en la Construcción que el Consell planteará al Gobierno central que incluya en la Ley Estatal del Suelo una fórmula para repartir las plusvalías obtenidas a partir de la reclasificación de suelo de forma proporcional entre los propietarios durante los últimos 25 años.

"Y si se producen minusvalías, ¿se pedirá a los propietarios históricos que paguen?"

"Si el Gobierno central no incluye la citada fórmula, lo haríamos nosotros en la Comunidad Valenciana", declaró desafiante González Pons, quien aseguró hablar en todo momento en nombre del Consell al que pertenece. "Hay que adoptar actuaciones que impidan que el disfrute de las plusvalías [obtenidas como resultado de la promoción de suelo rústico que haya sido reclasificado como urbanizable] sea privilegio de unos pocos", añadió el consejero de Territorio y Vivienda, quien invocó la Constitución para justificar su iniciativa.

Eloy Durá, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción y anfitrión del congreso nacional, fue el primero en dar la réplica a González Pons al calificar su propuesta como "ingeniosa". Durá comentó con diplomacia que será "difícil llevar a buen fin y aplicar" semejante iniciativa; que es "muy difícil pensar que se pueda cambiar la legislación muy fácilmente"; y puso el dedo en la llaga al recordar que muchos ayuntamientos, "que tienen un poder muy fuerte", sufren "necesidad económica". Durá evitó ser explícito pero esos ayuntamientos, son, a la postre, los que reclasifican suelo.

El propio Durá planteó una primera duda respecto a la iniciativa de González Pons al apuntar que muchos terrenos han pasado hasta por diez manos en los últimos 25 años. "Al repartir las plusvalías", se preguntó Durá, "¿se favorecerá más a los primeros propietarios o a los últimos?"

Pero la cascada de preguntas suscitadas por la propuesta de González Pons creció a lo largo de la jornada. "Si se produjeran minusvalías, ¿se reclamará a los propietarios históricos que paguen su cuota correspondiente?", comentó un empresario. "Ridículo", comentó un abogado del Estado, "¿cómo se distribuirán fiscalmente las cargas sobre las plusvalías obtenidas?". Más aún, si el Gobierno central no incorpora esa fórmula ingeniosa en la ley estatal, "¿modificarán las Cortes Valencianas la legislación tributaria, el Derecho Civil y las leyes registrales?, esa propuesta es inaplicable se mire como se mire". Otro abogado sentenció: "Los derechos de propiedad se adquieren y extinguen en las notarías y registros de la propiedad".

Ningún portavoz ni dirigente patronal quiso comentar oficialmente la iniciativa del consejero más allá de Eloy Durá, que sufrió el encontronazo en caliente. Pero, a título particular, se sucedían otro tipo de dudas: "Pero el consejero de Territorio y Vivienda, ¿no es abogado?". González Pons es efectivamente doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Hubo alguna llamada a la responsabilidad: "No se puede intentar engañar a gente inculta con titulares sin tener en cuenta las repercusiones que tienen los comentarios de un miembro del gobierno". Una acusación directa de "frivolidad". Y una pregunta recurrente: "¿En manos de quién estamos?".