Otra ciudad en el Guadiana

Hace dos semanas, cuando la campaña emprendida por Greenpeace en defensa del Guadiana hacía su última parada en Ayamonte (Huelva), sus integrantes, junto con miembros de otros grupos ecologistas, se hacían eco de las impresionantes obras que se realizan a cuatro kilómetros al norte del Ayamonte (18.000 habitantes), en un enclave de unas 600 hectáreas, donde actualmente se edifica una gran urbanización que albergará más de 6.000 viviendas, dos campos de golf, tres hoteles y zonas comerciales. "Cuando bajas por el río y llegas a Ayamnonte, es increíble ver lo que están haciendo allí", comentaba uno de los integrantes de Greenpeace. Se trata del complejo Costa Esuri, construido por la empresa inmobiliaria Fadesa, un ejemplo de macro urbanización que se construye en Huelva, la más grande de la provincia según Ecologistas en Acción. Sus obras se encuentran finalizadas en un 60% y ya se están entregando viviendas terminadas.

La gigantesca Costa Esuri volvió a saltar a los medios de comunicación el pasado lunes, cuando el portavoz de Los Verdes y diputado adscrito al PSOE, Francisco Garrido, pidió públicamente que la Junta de Andalucía paralizase, al igual que hizo en El Granado, las obras del complejo ayamontino, a pesar de reconocer que no se encuentran en solares de especial protección.

Lo que alarma a este partido y a otros grupos ecologistas, entre otras cosas, son las dimensiones del complejo, cuyo impacto en el paisaje y su influencia en la gestión de recursos como el agua puede ser, según ellos, "terrible". También ponen en duda el sentido del proyecto, por el gran número de viviendas destinadas, según ellos, a una población mayoritariamente extranjera (británicos y alemanes), que no vivirán todo el año en la zona. Fadesa se defiende con el argumento de que urbanizaciones como Costa Esuri repercuten "muy positivamente" en las economías de las zonas donde se instalan.

A diferencia del otro gran proyecto inmobiliario denunciado por los ecologistas Guadiana arriba, en el municipio de El Granado -y que la Junta vetará en la fase de estudio ambiental por encontrarse en una zona protegida por la Unión Europea-, Costa Esuri cuenta con la ley a su favor, tal y como atestigua la Consejería de Medio Ambiente, aunque grupos como Ecologistas en Acción lo pongan en duda.

Entre quienes defienden la edificación de la urbanización se encuentra, por supuesto, el alcalde de Ayamonte, Rafael González (PSOE), quien destaca que Costa Esuri "ha sido un modelo de gestión desde sus inicios". González señala además que fue "el primer proyecto en España que utilizó una densidad de construcción de sólo 15 viviendas por hectárea", además de tener el mayor estudio de impacto que se había realizado en España cuando fue presentado. "Y todo ello supervisado y visado por todas las administraciones de Medio Ambiente autonómicas y nacionales", destaca.

Ecologistas en Acción no tiene tan claro que se cumpla totalmente la legalidad, ya que considera que no se hizo el preceptivo estudio de impacto ambiental cuando se recalificaron los terrenos de Costa Esuri de rústicos a urbanizables, allá por 1995. El cambio era consecuencia de un convenio urbanístico pactado cinco años antes entre el Ayuntamiento y un grupo de ocho empresas españolas (todas con la misma dirección y fecha de constitución en Barcelona). La recalificación se integraría en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que en 1990 se tramitaba, "pero finalmente, el PGOU no se redactó, y para adaptar Costa Esuri a la ciudad se optó por la vía de las Normas Subsidiarias, que se aprobaron en 1995 y concedieron la recalificación", explica Iñaki Olano, portavoz en Ayamonte de Ecologistas en Acción.

En este punto es donde Ecologistas en Acción observa la principal irregularidad de la operación: "Estaban obligados a hacer el estudio de impacto por la ley andaluza de Protección Ambiental, aprobada en 1994, y por la ley de Conservación de los Espacios Naturales, Fauna y Flora, de carácter estatal, de 1989", destaca Olano.

Como consecuencia de lo que consideraron una "clara irregularidad", los ecologistas presentaron alegaciones, denunciando este hecho, contra la Declaración Previa de Impacto Ambiental que se tramitó en 1998, sobre una posterior modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Costa Esuri. El dictamen de la Consejería de Medio Ambiente en la Declaración de Impacto fue "favorable" para el proyecto. En la resolución, la Junta respondió a las alegaciones de los conservacionistas recordando que la recalificación no estuvo sometida "al procedimiento de análisis ambiental por haberse iniciado su tramitación con anterioridad a la entrada en vigor" de la ley andaluza.

Para Iñaki Olano, esta resolución no tiene sentido, "porque la ley estatal de 1989 sí estaba en vigor y exigía lo mismo, una evaluación y estudio ambiental". Por todo ello, Olano anuncia que su grupo pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia de Huelva encargada de delitos ecológicos "para que valore si se ha cometido o no irregularidades en este proyecto".