La batalla política en la justicia

El reparto de muchos de los organismos reguladores de las funciones del Estado en cuotas de partidos políticos se ha convertido, seguramente, en uno de los mayores problemas para el normal funcionamiento democrático de este país y en la fuente de un progresivo deterioro de la imagen de esas instituciones.

En el caso de la justicia, tanto en sus órganos de gobierno como en las cúpulas jurisdiccionales, el problema se hace cada día más patente, porque en los dos casos las mayorías responden a la composición del anterior Parlamento, controlado por el Partido Popular. El Gobierno actual y el PSOE deben hacer frente a una situación en la que no sólo existe una clara falta de sintonía, sino que ni tan siquiera pueden contar con una simple actitud de comprensión o receptividad.

Malestar entre dirigentes socialistas por el hecho de que el ministro de Justicia, candidato a la presidencia de Canarias, se mantenga en el cargo a medio gas

En teoría, el día 7 venció el mandato de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, lo que permitiría su renovación inmediata. En la práctica, resulta imprescindible contar con el acuerdo del PP, y parece probable que el principal partido de la oposición, que se encuentra muy cómodo con el actual Consejo, haga lo posible para prolongar su mandato, en funciones, todo el tiempo que le sea posible.

"Todo ello ocurre, además, cuando el ministro de Justicia está prácticamente desaparecido", se quejan en determinados sectores socialistas. Juan Fernando López Aguilar es candidato a la presidencia de Canarias en las próximas elecciones autonómicas, pero continúa al frente del Ministerio de Justicia y aparentemente lo seguirá haciendo hasta enero, lo que está provocando un cierto malestar entre sus compañeros de partido más relacionados con el mundo judicial.

"El colmo", ironiza un diputado del PSOE, "es que se nos acuse de interferir en la marcha de la justicia cuando, en realidad, no sólo no interferimos, sino que ni tan siquiera podemos hacer algo para suavizar la interferencia de otros". "Por no tener, no tenemos ni ministro de Justicia en pleno ejercicio", critica otro diputado socialista, que recuerda que fue precisamente López Aguilar quien, cuando el PSOE estaba en la oposición, negoció la actual composición del CGPJ e indirectamente de la cúpula del Supremo. Incluso participó en la negociación de los nombres propuestos para el Tribunal Constitucional, otro órgano del Estado que depende de las cuotas y en el que los socialistas hacen frente a una composición formalmente conservadora, aunque en la mayoría de las ocasiones se le analice mitad por mitad.

El problema, sin embargo, no se plantea en estos momentos en términos de conservadores o de progresistas, lo que sería legitimo, sino en términos de identificación partidista, mucho más difíciles de lidiar. La descarnada identificación o simpatía de algunos de los miembros del CGPJ o de algunos jueces que ocupan puestos en los más importantes tribunales de justicia con determinados grupos políticos favorece la impresión de una cúpula judicial embarcada en una batalla no de tendencias políticas, sino lisa y llanamente de opciones partidistas y de estrategias electorales.

Opinión pública

Es cierto que el reparto por cuotas de órganos de poder y de control no afecta sólo a la justicia. El Consejo de Seguridad Nuclear, por ejemplo, no tiene presidente desde el pasado 26 de octubre, en que su titular cumplió 70 años y cesó obligatoriamente. No parece que los otros cuatro consejeros del CNS le echen de menos (consideran que su gestión fue nefasta), pero la verdad es que, de esos cuatro consejeros, dos deberían también haberse marchado ya por cumplir su mandato de cinco años. Si no lo hacen, y siguen en funciones, es simplemente porque no hay manera de ponerse de acuerdo para elegir a sus sucesores.

Nada es comparable, sin embargo, al efecto que esta política de cuotas ha tenido en la opinión pública respecto a la justicia, según reconocen políticos de todo el espectro parlamentario. Las batallas judiciales son en buena parte responsables de que, según el CIS, el 84% de los ciudadanos piense que la justicia no da el mismo trato a todos los españoles, de que el 56,3% tenga poca o ninguna confianza en la Administración de justicia o de que el 39, 6% de los españoles crea que los jueces tienen una independencia baja o muy baja, frente a un escaso 36% que les cree capaces de decidir honestamente.

Es difícil que si los miembros del CGPJ demuestran a las claras no su tendencia conservadora o progresista, sino su apoyo a determinadas estrategias de partidos, los ciudadanos puedan terminar creyendo que son capaces de controlar las inclinaciones partidistas de los jueces a los que la sociedad les ha encargado que vigilen, reconocen incluso algunos miembros del Consejo.