El Supremo de Colombia ordena el arresto de tres parlamentarios
El Tribunal Supremo de Justicia colombiano ha ordenado el arresto de tres parlamentarios, simpatizantes del presidente Álvaro Uribe, por su vinculación con asesinatos, extorsión y tráfico de drogas perpetrados por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los acusados son los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, y el diputado Erick Morris, todos parlamentarios de la caribeña provincia de Sucre. Merlano es del Partido de la U (uribista) y los otros dos son de Colombia Democrática, formación encabezada por el primo del presidente, Mario Uribe.
Mientras la policía buscaba ayer a estos tres prófugos, se supo en Bogotá que el Supremo también investiga por el mismo delito a otros tres miembros del Congreso de la misma provincia. Desde el Gobierno no ha habido comentarios, informa Pilar Lozano.
Aunque la Justicia colombiana ha recibido en los últimos años muchas denuncias sobre las relaciones entre los paramilitares y algunos parlamentarios, nunca había hallado pruebas para el procesamiento de los políticos. Ahora, aparte de los testimonios, la Fiscalía ha exprimido en el último mes los archivos del ordenador portátil de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, uno de los principales dirigentes de las AUC. En esos archivos, los nombres de García, Merlano y Morris aparecen varias veces.
Con estas nuevas pruebas al parecer no sólo se desvela la vinculación de los políticos con los paramilitares, sino su implicación directa en asesinatos y fraudes. A García se la acusa de "promover, organizar y financiar" la llamada masacre de Macapeyo (el asesinato de 20 campesinos en 2000). También se le acusa de haber desviado 7,5 millones de dólares de fondos públicos hacia las arcas de las AUC.
Los caciques de Sucre
Morris es un viejo aliado de García. A él se le acusa de la formación de grupos paramilitares y de amañar las elecciones para ganar la gobernación de Sucre en 1997. También se le vincula con el asesinato de una profesora que por entonces aseguró tener datos que probaban el fraude electoral. Al senador Merlano, el tribunal lo acusa de ser "miembro de un grupo paramilitar", es decir, que su actividad fue más allá del apoyo político o financiero a los paramilitares.
El escándalo que se ha producido a raíz de la decisión del Supremo sólo es comparable en magnitud al de las detenciones ordenadas en los noventa en el llamado Proceso 8.000, que vinculó a decenas de políticos al narcotráfico y en el que hasta el propio presidente, Ernesto Samper, fue acusado de recibir financiación de los narcos para su campaña presidencial.
Por otra parte, el Gobierno colombiano ha ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares [3,8 millones de euros] por la captura del paramilitar Vicente Castaño, acusado del asesinato, en 2004, de su hermano Carlos, uno de los fundadores de las Autodefensas. Vicente Castaño, que rechazó el programa de desmovilización pactado con el Gobierno, está reclamado en EE UU por narcotráfico.
