Civilizar la costa catalana

El Departamento de Política Territorial de la Generalitat acaba de publicar esplendorosamente, en un volumen de casi 400 páginas, el Pla director urbanístic del sistema costaner, después de un denso proceso de información pública, desde que sus dos fases fuesen aprobadas en mayo y en diciembre de 2005. Recordamos en este proceso una exposición en el Colegio de Arquitectos que hubiera tenido que merecer mayor atención, incluso entre los profesionales. Ese plan es un documento trascendental para el control de la costa, desde Portbou hasta Alcanar, que acredita la eficacia de un Gobierno de izquierdas y catalanista y que, desgraciadamente, como buena parte de la labor realizada en los últimos tres años, no ha tenido el protagonismo mediático que le correspondería, difuminado por tantos ruidos anecdóticos y electoralistas. Se trata del mayor esfuerzo de planificación realizado en la Cataluña democrática, que viene a corregir tantos años de incuria -y de corrupción- en el uso abusivo de la faja costera. Es un magnífico trabajo presidido por el consejero Joaquim Nadal y dirigido por el secretario para la Planificación Territorial, Oriol Nel.lo, y el director general de Urbanismo, Joan Llort, que lo iniciaron a los pocos meses de tomar posesión de sus cargos con la suspensión, en un ámbito de 500 metros desde la línea de mar, de cualquier trámite o licencia que pudiera comportar la ocupación de suelos que no dispusieran de una planificación definitivamente aprobada.

La situación grave en que se encuentra nuestro litoral se puede resumir con los datos siguientes. Como consecuencia de la creciente litoralización poblacional, dos terceras partes de los habitantes de Cataluña viven en una faja de 20 kilómetros a lo largo de la costa y los 75 municipios del litoral (6,9% de la superficie del país) albergan el 45% de la población, lo cual ha producido una trepidante ocupación del suelo. (Las urbanizaciones en la Costa Brava, por ejemplo, entre 1974 y 1993 han aumentado a un ritmo de 300 hectáreas cada año, es decir casi una hectárea diaria), lo cual ha creado unas inmensas conurbaciones cuya continuidad anula la presencia y el uso adecuado del paisaje. A ellas contribuyen, evidentemente, el turismo y las residencias secundarias, las cuales generalmente adoptan tipologías arquitectónicas de baja densidad que ocupan mucho suelo: la población de las costas del Empordà en los últimos 15 años ha crecido en 44.893 personas, pero la construcción se ha incrementado en 49.601 viviendas, de las cuales el 40% son casas unifamiliares aisladas. En los estudios preliminares del plan se exponen todavía muchos más datos que aseguran la enfermedad de todo el territorio.

Si este proceso sigue a esos ritmos, la costa catalana caerá en una definitiva depauperación. Para evitarlo, el plan aprobado propone instrumentos de control severamente justificados con unos profundos análisis territoriales, atendiendo todos los objetivos urbanísticos, patrimoniales, ambientales y económicos, cuatro factores que deben coordinar sus respectivas exigencias si queremos equilibrar el crecimiento y la conservación. No se trata de frenar la potencialidad económica, sino de encauzarla en términos más sostenibles.

El plan establece: "Prácticamente, la totalidad de los suelos no urbanizables y buena parte de los urbanizables no delimitados situados en la costa han de quedar definitivamente excluidos del proceso urbanizador. Ese mismo tratamiento se da en los terrenos contiguos, en una franja que oscila entre un mínimo de 500 metros y un máximo aproximado de 2 kilómetros y que sean no urbanizables o urbanizables no delimitados. De este modo se consigue asegurar la conectividad entre espacios ya protegidos (como entre el espacio de interés natural de la Albera y el Cabo de Creus), evitar la conurbación de los núcleos urbanos (como en el Maresme), abrir los espacios protegidos del interior hacia el mar (como en L'Hospitalet de l'Infant) o garantizar la no urbanización de las desembocaduras fluviales (como el delta del Tordera)". En resumen, el plan consigue preservar 23.552 hectáreas en la primera línea de costa y en los espacios adyacentes, lo cual "representa una superficie casi equivalente a dos veces y media el término municipal de la ciudad de Barcelona". Se puede discutir si es suficiente o si hay que ampliar todavía las restricciones y las cesiones, pero no hay duda de que es un paso trascendental para iniciar la reconversión del territorio.

El libro que comentamos tiene tanta información que nos permitiría ahora entrar en la descripción y el comentario crítico de las soluciones propuestas en detalle para cada sector de la costa. Seguramente, encontraríamos una cierta timidez en el trazado de algunas de ellas, consecuencia de la necesidad de un cierto consenso con unas realidades locales ya demasiado consolidadas a lo largo de los últimos 25 años y con las perspectivas económicas del turismo, difíciles de modificar sustancialmente. Y quizá habrá que complementar las decisiones con referencias formales más directas que comprometan incluso la calidad arquitectónica. Pero lo importante es que el instrumento básico ya esté en marcha y que permita sucesivas adaptaciones y complementos si las circunstancias lo favorecen. La circunstancia más decisiva es, sin duda, la presencia de un Gobierno de la Generalitat que continúe la obra iniciada por el tripartito, en el sentido de dar prioridad -hasta donde el sistema social y político lo permita- al interés colectivo sobre las especulaciones privadas.

es arquitecto.

Oriol Bohigas