La fiebre promotora se 'come' el suelo escolar público en el litoral valenciano

Valencia, Castellón y Alicante reclasifican 60.000 metros cuadrados para colegios privados

La fiebre promotora se ha comido un buen bocado de la reserva escolar de la Comunidad Valenciana, fijada por ley para cubrir los servicios educativos básicos en función de las viviendas de renta libre autorizadas. En una década, la presión inmobiliaria en 15 barrios en expansión de las tres capitales ha desembocado en la recalificación de 40.000 metros cuadrados de suelo escolar público para pisos de renta libre o en beneficio de la Iglesia y alguna academia. Al mismo tiempo, los tres Ayuntamientos del PP congelaron 234.000 metros de suelo escolar y reclasificaron otros 60.000 de rústico y urbano para colegios privados.

Los vecinos de 17.337 pisos nuevos no tienen los servicios fijados en el PGOU de Valencia

"La famosa libertad de elección de centros, que esgrime el Partido Popular, se ha vuelto en contra de los padres que quieren una educación pública de calidad", resume Ferran G., un profesor valenciano que, tras cinco años de intentos fallidos por obtener una plaza escolar pública cerca de su casa, ha acabado por asumir que sus hijos, hoy con 9 y 11 años cumplidos, completarán el ciclo de enseñanza primaria en un centro concertado del distrito marítimo del Grao de Valencia. Algo que no podía ni imaginar cuando matriculó al pequeño con tres años en preescolar. La parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la construcción de un nuevo centro educativo público en la revalorizada avenida de Francia está congelada desde 1997. Lo mismo ocurre enfrente, a menos de un kilómetro, donde se erige la Ciudad de las Artes y las Ciencias diseñada por Santiago Calatrava, donde otro solar escolar de 22.650 metros -reparcelado hace dos años en el sector Moreras para edificar 1.857 pisos- es un terreno baldío.

En 16 años de gobierno popular, el Ayuntamiento de Rita Barberá ha inaugurado además otra fórmula, "inédita" en la gestión pública urbanística valenciana, al convertirse en el promotor de las recalificaciones de su propio suelo escolar municipal en estos 12 barrios en expansión, cedidas en permuta a la empresa Dune S.L. para construir más pisos de renta libre. Y también a la Iglesia de los Mártires (con la cesión de 3.223 metros cuadrados de suelo escolar recalificados) o a academia privadas como Marni, a la que se recalificaron otros 6.766 metros de suelo escolar público.

Mediante esta fórmula, sólo entre 1996 y 2001 el equipo municipal del PP recalificó y cedió siete parcelas escolares que ocupan un total de 29.532 metros, al mismo tiempo que los precios inmobiliarios se disparaban. La operación se comió el 12% del total de los 269.909 metros de reserva escolar (distribuidos en 29 parcelas), establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cubrir los servicios básicos de los 32.725 vecinos estimados que ocuparían las 21.477 viviendas nuevas autorizadas en esos 12 nuevos barrios en expansión.

El resultado de esta política, en una década, ha dejado un saldo deficitario de 173.864 metros de suelo escolar pendientes (17 parcelas) sin que la Generalitat los haya reclamado hasta ahora para cumplir con las infraestructuras educativas mínimas estipuladas en el último PGOU aprobado bajo el gobierno socialista en 1989.

En septiembre, el censo de pisos acabados era de 17.337. Sin embargo, al entregar las llaves, los colegios e institutos públicos que figuraban en el planeamiento original para acoger a los 7.080 niños y jóvenes en edad de escolarización obligatoria censados, no existen.

"Todo esto no fue casual. Se hizo con un efecto esperado", reflexiona el concejal socialista Rafael Rubio, que denunció los hechos en septiembre. "El resultado ha sido la ruptura del equilibrio entre la oferta pública de plazas (que abarcaba el 60% de la matrícula) y la privada concertada (cubría el 40%)". Ahora, esta proporción es justo la inversa, según confirma un estudio detallado de la matrícula en todos los colegios de todos los distritos de Valencia con los datos oficiales del Consejo Escolar. El concejal de Educación del PP, Emilio Del Toro -el único que salió al paso de las denuncias- no desmintió la permuta de suelo escolar público para pisos.

En Castellón, la puesta de las políticas públicas de educación a los pies de los caballos del planeamiento urbanístico se ha escenificado mediante la reclasificación de "suelo rústico no urbanizable" a solicitud de promotores y empresas de educación privada. Y justo frente a las parcelas escolares reservadas en el PGOU, que el Ayuntamiento, también del PP, mantiene congeladas, en las dos áreas en expansión -al suroeste y este de la capital- según documenta la profesora y concejal socialista Montse Ferrer.

"En 12 años de Gobierno del PP en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Castellón sólo se han construido dos centros públicos nuevos: el CP Estepar y el IES La Plana, que está saturado con dos años de vida, y se han tenido que habilitar barracones para cubrir la demanda pública", explica. Sin embargo, en el mismo plazo se autorizó la construcción de cuatro colegios privados, para los que se reclasificaron más de 60.000 metros de suelo rústico o urbano.

"Se trata del colegio privado San Cristóbal, que antes sólo ofrecía FP, y ahora imparte todos los niveles obligatorios, por lo que se tendrá que concertar para garantizar la gratuidad de la enseñanza, duplicando el gasto", puntualiza. Y los colegios Lledó y Ramiro Izquierdo, "levantados sobre suelo rústico no urbanizable".

Para completar el mapa, con el visto bueno de la Consejería de Territorio, se aprobó en junio la reclasificación de una cuarta parcela para "uso escolar privado" en "suelo no urbanizable común y no urbanizable de especial protección de cauces", mediante la declaración de "bien de interés comunitario". Con esta operación se autorizó el colegio solicitado por la mercantil Elian's Londres S. A., cuyo arquitecto es el hijo del ex alcalde del PP hasta hace dos años, José Luis Gimeno.

Todos estos centros privados se edificaron justo enfrente o a poca distancia de las cinco parcelas escolares reservadas para tres colegios públicos y dos institutos más, hoy inexistentes. Se trata del solar de 13.800 metros para el CP Taixida, convertido en campo de fútbol improvisado; los 10.000 metros del CP Lledó -bautizado, pero sin suelo hábil para iniciar las obras-; los 10.045 metros del CP Riu Sec, congelados desde 2005.

A éstos, se añaden otros 13.000 metros de reserva para el nuevo IES Taixida, que fueron cedidos por la Generalitat a la consejería y devueltos en 2004 para levantar la Ciudad de la Justicia, sin que se haya reclamado "la cesión de otra parcela en sustitución de la perdida", pese a que entonces sí lo hizo el director territorial de educación, aunque el PP votó luego en contra de la enmienda para una permuta. Tampoco están recalificados los 13.500 metros para el IES Bovalar, que nació hace seis años "de forma virtual, sin edificio" y sigue en dependencias militares.

Para Ferrer, estas operaciones no son más que la pescadilla que se muerde la cola "para privatizar la enseñanza". Más de 60.000 metros de suelo urbano o rústico recalificados para construir colegios privados, mientras se congelaban en los mismos PAI otros 60.000 metros de suelo escolar para colegios e institutos públicos.

"Negocio redondo", resume la edil, "y lo que es más grave, que el PP pretende justificar las recalificaciones y convertir los PAI en 'un bien social que repercutirá en todos los ciudadanos', cuando en realidad se trata del secuestro de las políticas sociales a manos de intereses urbanísticos privados".

En Benicàssim, a 12 kilómetros de Castellón, el lema podría ser: "Ponga un campo de golf en su vida, y tendrá un colegio cerca de casa", ironiza Francesc Colomer, para quien "el caso más emblemático de la cesión de responsabilidades educativas en manos de un promotor, lo simboliza el PAI Benicàssim Golf". Se trata de la recalificación de 2,5 millones de metros cuadrados donde todas las esperanzas educativas de cesión de suelo se confían al promotor del PAI, que construirá además 3.000 viviendas, resume Colomer. "De esta forma, la política educativa se confía al promotor".

"Desamortización encubierta"

El equipo municipal de Alicante, que dirige el popular Luis Díaz Alperi, aprobó en octubre de 2003 "la revisión de un plan parcial en una zona en expansión" entre la revalorizada playa de San Juan y el cabo de las Huertas "para calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público", recuerda Manuel de Barros, portavoz municipal socialista.

La operación supuso la cesión municipal de 10.000 metros cuadrados a manos privadas por 50 años, mediante la tapadera legal de sacar a concurso la gestión "a medida" de una empresa, como se aprecia en el pliego que defendió el edil del PP, Pedro Romero. En él se establecía como "adjudicataria de referencia de la parcela a los Servicios Educativos Condomina (SEC)", que dirige el colegio privado El Vall de Madrid.

"La concesión administrativa para uso privativo del centro escolar", con 1.238 plazas, se completó con un canon mínimo anual a pagar por la empresa adjudicataria fijado por el Ayuntamiento en 45.892 euros al año (7,5 millones de pesetas), gracias a la valoración del técnico municipal que hizo constar que "el destino específico era para uso escolar, al margen de las plusvalías de las parcelas edificables en 50 años".

"Fue una desamortización encubierta en toda regla, en una zona de expansión y valor del suelo al alza", resume de manera gráfica De Barros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 05 de noviembre de 2006.

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