Después de Pujol y de Maragall

Como de costumbre, los resultados electorales del 1 de noviembre ofrecen más de una lectura. En clave de mayorías posibles, se ha dicho bastante. También por quien esto firma, que se manifestó y se manifiesta favorable a reconstituir una coalición de Gobierno integrada por PSC, ERC e IC-EUIA. Es una fórmula que considero preferible en este momento a cualquier otra. Y es además perfectamente homologable en su legitimidad democrática y en su proyecto político a la de muchos países europeos.

Pero no es este aspecto el que quiero resaltar. Lo más significativo de los resultados del día 1 es la confirmación de movimientos de fondo en el paisaje sociopolítico catalán que empezaron a advertirse ya en la década de 1990. Basta fijarse en dos datos relevantes de los últimos resultados. La suma de votos conseguidos por las dos fuerzas mayoritarias -CiU y PSC- ofrece la cifra más baja de toda la historia electoral catalana, si se exceptúan las primeras elecciones de 1980. Convergentes y socialistas han reunido entre ambos el 32% del censo y el 58%. Esta tendencia al declive acumulado de las dos fuerzas políticas mayoritarias persiste desde 1984. Con una sola excepción: las elecciones de 1999 que polarizaron a los votantes ante el enfrentamiento Pujol-Maragall.

Convergentes y socialistas han reunido entre ambos el 32% del censo

Desaparecidos del primer plano político los dos ex presidentes, el movimiento a la baja se acentúa ahora con los resultados de 2006. Contribuyen a ello el crecimiento de los partidos menores, del voto extraparlamentario y de los sufragios blancos y nulos. Todo eso no puede calificarse por sí mismo de positivo o negativo. Es lo que es. Lo que procede es interpretarlo con los medios disponibles. Pueden formularse conclusiones para todos los gustos. Pero cuesta negar la evidencia de que el paisaje político catalán está cambiando porque hay movimientos de fondo que lo provocan: en la demografía, en la ocupación del territorio, en la estructura económica, en las pautas culturales, en la tecnología, en las formas de comunicación, etcétera.

Los partidos tradicionales no aciertan -ni en Cataluña ni en otros países- a dar respuestas claras a las inquietudes suscitadas por estos cambios. No consiguen calibrar su alcance, como tampoco lo consiguen otros actores sociales y económicos. Por tanto, tampoco saben proponer estrategias a medio plazo que aprovechen oportunidades y atenúen inconvenientes. Se encierran en el profesionalismo corporativo de sus propias organizaciones y, como mucho, confían el tratamiento de los problemas inmediatos a técnicos y expertos que no siempre tienen en cuenta el horizonte político. De ahí, en buena parte, el desapego político de la ciudadanía, expresado en elevado abstencionismo, volatilidad del sufragio, voto-protesta favorable a propuestas populistas o excéntricas y recurso a la papeleta nula o en blanco.

En torno a Pujol, se fraguó en su momento una propuesta política que contó con un amplio apoyo en la Cataluña posfranquista. En torno a Maragall se vislumbraba una salida superadora del estancamiento político de las últimas legislaturas de una CiU sin proyecto y sin mayoría. Pero el proyecto de Maragall se ha quedado a medio camino, lastrado de buen principio por la hostilidad de sectores influyentes de la sociedad española (y catalana), por la incomprensión de algunos supuestos aliados y por la torpeza en la ejecución.

Para responder a los nuevos desafíos, no basta con encontrar sustitutos a Pujol o a Maragall. Los movimientos de fondo exigen cambios en los partidos y en las actitudes de sus dirigentes, en sus modos de selección y actuación. Cuando no responden a las exigencias de un periodo de transformaciones radicales y aceleradas, las organizaciones partidarias aparecen como estructuras obsoletas y cada vez más desconectadas del cuerpo social que pretenden representar. Pese a ello, hay que tener en cuenta la existencia en los propios partidos de centenares de militantes, todavía dispuestos de forma benemérita a empeñar tiempo y esfuerzos en un proyecto colectivo.

Es poco probable, sin embargo, que estos esfuerzos "desde dentro" sean suficientes. Seguirá siendo necesario tantear caminos desde otros espacios de relación social, profesional, cultural o académica. Caminos que deben transitarse para ofrecer a la ciudadanía los datos complejos de los problemas colectivos y no quedarse en las simplificaciones de la agitación demagógica o de la urgencia mediática. Caminos que conduzcan a abrir ámbitos de debate y propuesta, complementarios de los espacios institucionales. Desde dichos ámbitos, pueden promoverse procesos de discusión y elaboración de políticas que desborden la rigidez de los planteamientos tecnoburocráticos.

No es suficiente que el desenlace de estas elecciones quede limitado -aunque sea trascendental- a la tarea de fabricar una mayoría de Gobierno. Los datos electorales han de constituir un estímulo para adentrarse otra vez y de manera perentoria en nuevas iniciativas de acción ciudadana. Habrá que ponerse de nuevo manos a la obra, más allá del corto plazo. Aprendiendo de los tropiezos y fracasos, pero sin concesiones al escepticismo.

Josep M. Vallès es consejero en funciones de Justicia de la Generalitat.