Junta y Ayuntamiento negocian ya el problema de las viviendas ilegales de Medina Azahara

Representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba han comenzado a abordar el problema de las 240 casas ilegales ubicadas en el entorno protegido de Medina Azahara. La Administración autonómica ha planteado en varias ocasiones que la solución pasaría por sacar a los propietarios de allí y construir, en colaboración con el Consistorio, viviendas nuevas en suelo municipal. El Ayuntamiento cordobés dijo esta semana que "no se descarta" reubicar a los propietarios "siempre que ellos estén de acuerdo y sea una propuesta razonable".

Los informes de la Junta sobre la dotación de agua y alcantarillado "serán negativos"

Tras un mes de enfrentamientos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, las dos administraciones han empezado a hablar del conflicto generado en el entorno protegido de Medina Azahara.

Los contactos "informales" comenzaron a finales de la semana pasada. Fuentes de la Administración autonómica informaron ayer de que han apreciado en la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (Izquierda Unida), y en su equipo "un cambio de talante" respecto a la necesidad de proteger el entorno de la ciudad califal. Las dos administraciones comenzarán ahora a estudiar la salida que se le dará a las 240 viviendas levantadas ilegalmente a partir de 1994 en el entorno del conjunto arqueológico.

De momento, la única opción que la Junta ha planteado abiertamente ha sido la de intentar sacar de la zona a los propietarios. Manuel Chaves, presidente andaluz, ha propuesto en dos ocasiones trasladar a los vecinos y construirles, en colaboración con el Ayuntamiento, nuevas viviendas en suelo municipal.

Esta semana, el responsable de Urbanismo, Andrés Ocaña (IU), dijo que desde el Ayuntamiento "no se descarta" la reubicación de los vecinos de las parcelas ilegales "siempre que ellos estén de acuerdo y sea una propuesta razonable". Sin embargo, José Antonio Ruiz Almenara, responsable del PSOE en Córdoba, dijo que aún es pronto para hablar de expropiaciones.

Los dueños de las casas ilegales rechazaron marcharse de allí a principios del mes de octubre. Sin embargo, si finalmente las administraciones se decantaran por esta solución, sólo podrían aceptarla o recurrir a los tribunales.

Algunos de los propietarios ya han llevado su problema a la justicia, que les ha quitado la razón en varias ocasiones. La más reciente fue en mayo de este año. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó una demanda que solicitaba que se anulara la ampliación de la zona de Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara realizada en julio de 2003.

Cuando se hizo mayor el área de protección -una decisión que fue apoyada por todos los partidos en el Parlamento y que el Ayuntamiento no recurrió- las tres parcelaciones se quedaron dentro de esa zona. En la sentencia del TSJA se justifica esta medida ya que con ella se ponía fin "a la proliferación de construcciones ilegales que tanto daño han hecho al conjunto arqueológico y a su entorno".

En el pleno del último 5 de octubre, Partido Popular e Izquierda Unida solicitaron a la Junta de Andalucía que redujera esa zona de protección para que las casas pudieran regularizarse en un futuro. Esta posibilidad parece que se ha descartado, ya que todos los partidos políticos, salvo el PA, han aprobado recientemente una moción en el Parlamento autonómico en la que se instaba a Junta y Ayuntamiento a tratar de solucionar el problema con la normativa vigente, es decir, con la zona de protección actual.

En el pleno municipal del 5 de octubre, IU y PP también anunciaron su intención de empezar a tramitar un plan de saneamiento, presentado por los propietarios, para una de las urbanizaciones. El Ayuntamiento aprobó inicialmente el proyecto este jueves. Sin embargo, la Junta es la que tiene ahora la última palabra.

Fuentes del Gobierno andaluz adelantaron ayer que los informes que van a emitir sus técnicos sobre la dotación de agua y alcantarillado "serán negativos". Por lo tanto, la situación de esas casas ilegales no ha variado en nada.

El mes de polémica ha servido para que quede claro lo que no se puede hacer en las parcelas de la zona. También, para que Junta y Ayuntamiento se sienten para abordar el problema. La última reunión oficial de las dos administraciones para tratar este asunto fue en el verano de 2004.

Según la Junta, los técnicos sostuvieron entonces que la legislación no permitía dotar de saneamientos a esas urbanizaciones ilegales. Los contactos entre la Junta y el Consistorio se recuperan ahora tras dos años de parón y a unos meses de las elecciones municipales. "No vamos a permitir que este tema se utilice electoralmente", advirtieron ayer fuentes de la Administración autonómica.