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El CES critica el Plan de Vivienda y pide más pisos de alquiler y un recargo fiscal a los vacíos

El dictamen solicita más inversión pública y mayor energía en la lucha contra el fraude

El Consejo Económico y Social (CES) mostró ayer su preocupación por la situación en que encuentra la vivienda en Euskadi y criticó en un dictamen el Plan de Vivienda 2006-2009 elaborado por el Gobierno por no hacer una apuesta más decidida por el alquiler frente a la propiedad. Además, le reclama que se coordine con las tres diputaciones para aplicar un recargo fiscal a los pisos vacíos. El CES aboga en su informe por complementar la apuesta por los pisos protegidos con otra tipología de vivienda que ayude a dinamizar el mercado.

El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Gobierno y del Parlamento integrado por representantes de los sindicatos, la patronal y otros representantes del mundo económico. Además de elaborar informes sobre los proyectos de ley relacionados con la política económica y social, también redacta dictámenes por iniciativa propia o a petición del Gobierno, como ha sido en el caso del Plan Director de Vivienda. En este dictamen, el CES se ha centrado fundamentalmente en dos apartados: el reforzamiento del parque de alquiler y la política fiscal.

En cuanto al alquiler, el Departamento de Vivienda asegura en su plan que su objetivo es otorgar a esta figura una presencia preferente en la promoción de pisos protegidos. Sin embargo, a la vista de los objetivos fijados, el CES califica esta declaración como "meramente propagandística", ya que planea destinar a arrendamiento el 31,5% de la promoción de viviendas protegidas de alquiler, mientras que más del doble (el 68,5%) se destinarán a la venta.

Este desequilibrio propiedad-alquiler se constata, de nuevo, cuando se comprueba la financiación del plan, que destina a la propiedad el 67% de los recursos frente al alquiler, al que sólo se dedica el 19% (el porcentaje restante se lo llevarían la rehabilitación, los locales calificados como vivienda protegida, la adquisición de casas rurales y la obtención de suelo). "A través del alquiler", indica el CES, "se puede asegurar la permanencia del patrimonio de vivienda protegida en manos de la Administración, evitar los casos de fraude en las segundas transmisiones, ampliar el colectivo beneficiado, aumentar la eficiencia social de los recursos públicos y satisfacer las necesidades de vivienda de forma más ajustada a las necesidades personales de cada momento".

Deducciones

El otro aspecto que destaca el Consejo es el relacionado con la política fiscal. Recuerda que, según los presupuestos del País Vasco de 2005, el coste fiscal de la política de vivienda representa 2,6 veces el gasto de la Administración Pública en la misma y las desgravaciones prácticamente duplican el gasto público (124 millones de euros frente a 65,9). Es decir, que los ciudadanos se deducen por el piso en propiedad una cantidad que multiplica por 2,6 el presupuesto del departamento. Ante estos datos, el propio Plan de Vivienda reconoce que la actual fiscalidad "favorece la propiedad frente al alquiler". Por ello, el CES considera conveniente, sin perjuicio de una reforma de la fiscalidad, un aumento de la inversión pública en vivienda, de forma que la relación entre ambas magnitudes (coste fiscal e inversión directa) se reduzca de 2,6/1 a 2/1.

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Por otra parte, urge la adopción de medidas que desincentiven la acumulación de casas desocupadas como "inversión", ya que el gran parque de pisos vacíos es el resultado de haber convertido la vivienda en "un refugio" para la inversión frente a otras opciones menos rentables. Aunque el Gobierno vasco carece de competencias en esta materia, el CES entiende que debería instar a impulsar y coordinar una actuación en esa dirección en su condición de partícipe del Órgano de Coordinación Tributaria, la entidad donde las tres diputaciones deciden los impuestos a aplicar a los ciudadanos bajo la supervisión del Ejecutivo.

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, ya pidió a las tres diputaciones el pasado lunes durante la presentación en el Parlamento del plan que apliquen un fuerte recargo fiscal para los pisos vacíos. Al mismo tiempo, reclamó más deducciones para las personas que viven de alquiler.

Hace dos años, el departamento ya intentó incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 50% para las casas vacías y así lo planteó en el Órgano de Coordinación Tributaria. Sin embargo, las diputaciones no tenían claro a qué tipo de propietarios debían penalizar y qué se entendía exactamente por una vivienda vacía. Desde entonces, nada se ha movido. Ahora, el CES apoya abiertamente la demanda de Madrazo.

El parque de pisos de la comunidad está integrado por cerca de 890.000 unidades, de las que aproximadamente el 85% se utiliza como residencia habitual, otro 5% como vivienda secundaria (utilizada de forma estacional) y el 9,5% se hallan vacías o desocupadas.

La lucha contra el fraude es otra de las preocupaciones que laten en el dictamen. "Es preciso ser rigurosos en la inspección y abordar a lo largo del período de vigencia del plan la inspección de, al menos, la mitad del parque de vivienda protegida, sea del Gobierno, los ayuntamientos u otras administraciones". Ese control debería verificar la efectiva ocupación del inmueble por parte del adjudicatario del mismo y no por otra persona.

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