La juez decana reprocha la "interferencia política" de la presidenta del TSJC y el "absolutismo" del consejero Vallès

El final del mandato del consejero Josep Maria Vallès está acabando con una agria polémica pública sobre las deficiencias de la justicia y sus responsables. El conflicto arranca del 27 de octubre, cuando, en plena campaña electoral, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, realizó unas declaraciones en las que acusaba a la Generalitat y al Ministerio de Justicia de la escasa formación del personal interino y del elevado número de vacantes de jueces y secretarios. Además, Alegret difundió unos acuerdos de la sala de gobierno que preside en los que se instaba a actuar a ambas administraciones.

Ese mismo día, Vallès respondió a Alegret con una carta en la que le reprochaba que su comportamiento no concordaba "con la pretendida neutralidad técnica tantas veces invocada por el órgano" que preside y la acusaba de desconocer la legislación electoral por que han de velar los jueces. La polémica podría haberse zanjado entonces, pero no fue así. El pasado 31 de octubre, la sala de gobierno volvió a debatir la cuestión y aprobó una carta de réplica a Vallès.

En la réplica al consejero, la sala de gobierno asegura que no pretendía que sus críticas se relacionaran con las elecciones y lamenta que la Generalitat lo haya interpretado como un intento de influir en el proceso. La juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, emitió un voto concurrente a esa decisión en el que censura por igual "la interferencia política" de Alegret y la "tendencia al absolutismo" de Vallès.

Asegura la decana en su voto que al titular de Justicia de la Generalitat se le debió exigir "mucho antes, mucho más, y no en el momento en que ya se va", que actuara para mejorar la situación. También indica a sus compañeros de la sala de gobierno que "si se cuentan las cosas, deben contarse todas", en alusión a las escasas exigencias que se plantearon entonces al CGPJ, dominado por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Es la misma asociación a la que pertenecen la inmensa mayoría de los jueces de la sala de gobierno. Sanahuja recuerda que esa sala de gobierno "casi nada ha dicho" de otras disfunciones de la justicia, como la "caótica situación de los juzgados de violencia doméstica", el "tremendo retraso y abandono" de los juzgados de lo contencioso, y el escaso interés por reforzar los juzgados de ejecutorias penales. Problemas cuya solución corresponde, en muy buena parte, al CGPJ y la sala de gobierno

La Generalitat declinó ayer ahondar en la polémica, pero el lunes Vallès volverá a replicar por carta a Alegret.