La tercera reforma

El Congreso aprobó ayer la "minirreforma" fiscal propuesta por el Gobierno con el apoyo explícito de Convergència i Unió. Quedó atrás la polémica sobre la oportunidad del cambio tributario en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y en el Impuesto sobre sociedades, puesto que las rebajas propuestas de tributación no son una exigencia social; también la controversia sobre la falta de profundidad de la reforma, muy lejos del tipo único defendido por el PSOE durante la campaña electoral de 2004.

La incontrovertible realidad es que, a partir del próximo 1 de enero, los contribuyentes verán reducido el tipo marginal máximo del IRPF en dos puntos (del 45% al 43%), pagarán el marginal mínimo al 24% -una vez descontado el mínimo vital al tipo cero-, tendrán gravado el ahorro en el 18% -no tributan los primeros 1.500 euros en dividendos- desde el 15% anterior y sus empresas pagarán por sociedades el 32,5%, con el compromiso de pagar el 30% a partir de 2008.

Sean bienvenidos los retoques, sobre todo en cuanto que suponen una rebaja en la tributación directa. Los cálculos dicen que los particulares y las empresas dispondrán aproximadamente de unos 4.500 millones de euros más al año. Es combustible para el consumo y quizá para la inversión, que alimentará probablemente la caldera del crecimiento económico. Los Gobiernos del PP bajaron más los impuestos directos -aunque aumentaron la presión fiscal total-, porque tenían poca fe en la tributación fiscal progresiva y necesitaban inyectar más dinero en la corriente del consumo. El ministerio de Pedro Solbes se ha encontrado con la línea de rebajas del IRPF prácticamente agotada y no se ha atrevido a proponer una mayor simplificación del impuesto; se ha conformado con reducir los tramos de cinco a cuatro.

La próxima reforma fiscal de la democracia -la que se aprobó ayer es la tercera- debería reorientar radicalmente su enfoque. El objetivo prioritario debe ser la persecución del fraude, uno de los problemas más graves y más escondidos de la sociedad española. Si se acaba o se reduce el volumen de dinero negro que circula por los negocios inmobiliarios o los servicios profesionales incontrolados -lo que exige un esfuerzo considerable de la Administración Pública- no sólo aumentará la equidad fiscal y bajará la resistencia a pagar a Hacienda, sino que podrán bajarse todavía más los impuestos de todos los contribuyentes.