Nieto da un paso atrás en su intención de controlar a las universidades públicas

El consejero Justo Nieto dio ayer un paso atrás en su afán por controlar hasta el milímetro el funcionamiento ordinario de las universidades. Los rectorados no tendrán que solicitar permiso al Consell antes de alcanzar cualquier acuerdo -convenios de colaboración, contratos con empresas, peticiones de becas...- con cualquier institución local, estatal o internacional, como se preveía en el proyecto enviado a las Cortes. La excepción serán los departamentos de la propia Generalitat, que sí deberán informar previamente a Nieto. Los rectores ven corta la rectificación y piden su retirada.

La ley redactada por Nieto y enviada hace unas semanas a las Cortes sublevó a los rectores por el poder sin precedentes que concedía al consejero sobre las decisiones más irrelevantes tomadas por las cinco universidades públicas. Los dirigentes académicos calificaron entonces a la norma, entre otras cosas, de "peligrosa" y "napoleónica". El consejero dio ayer parcialmente marcha atrás. Su director general de universidades, José Capilla, se encargó de anunciar la reformulación de la disposición adicional cuarta.

La nueva redacción elimina la obligación de solicitar permiso a la consejería antes de alcanzar cualquier tipo de acuerdo con cualquier institución, pública o privada: Desde un convenio con otra universidad hasta un contrato con una empresa; desde la solicitud de una ayuda al Ministerio de Educación a la realización de un proyecto conjunto con la Unesco. Al menos tres de los cinco rectores consideraron que aquello suponía, en la práctica, enterrar la autonomía universitaria.

José Capilla les dio ayer la razón. Después de atribuir la polémica a un problema de "claridad" en la redacción de la disposición adicional cuarta, aseguró que él, como universitario -Capilla es profesor en excedencia y ex vicerrector de la Politécnica de Valencia-, no hubiera aceptado la interpretación original.

La "preceptiva puesta en conocimiento" previa queda reservada a los acuerdos que las universidades pretendan firmar con "los departamentos de la Generalitat y demás entes públicos y privados dependientes o vinculados a la misma", lo que, según se mire, no deja de resultar paradójico. Capilla trató de justificar esa previsión a base de sinceridad. La Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia desconoce hoy con exactitud, dijo, cuánto dinero reciben los campus públicos.

La mayoría de los rectores insistieron en que la rectificación se queda corta. Permanece, por ejemplo, la potestad del Consell para segregar o suprimir facultades y centros de investigación sin que los gobiernos académicos puedan decir palabra. Es decir, que el tormentoso proceso por el que el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana desmembró la Universidad de Alicante -en el marco del pulso que mantenía con su rector- para crear la Miguel Hernández de Elche, se convertirá con la nueva ley en un simple trámite administrativo.

Las universidades pierden igualmente la capacidad de intervenir en caso de que el Consell decida remover alguno de sus centros adscritos. Y el Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior, ampliado para dar cabida, entre otros, a los directores de los centros de enseñanzas artísticas, a quienes nombra el Consell, queda relegado básicamente a "ser informado" de las decisiones de Nieto.