Los socialistas exigen que se anule el plan del 'Manhattan' de Cullera
La Generalitat valenciana afirma que el proyecto cumplirá todos los requisitos legales

Los socialistas exigieron ayer la retirada del Manhattan de Cullera y la revisión del plan urbano de la población valenciana como paso previo a un desarrollo de la zona en la que el Consistorio y la Generalitat impulsan 35 rascacielos junto al mar. "El plan es una barbaridad y atenta contra el paisaje", denunció Eugenio Burriel, de la ejecutiva del PSPV-PSOE. El consejero de Territorio destacó la obviedad de que se cumplirá la ley.
El pleno de Cullera aprobó el martes con los votos del PP y de Unión Valenciana, que lideran la coalición de gobierno, los últimos cambios al plan de la Vega-Puerto antes de que lo ratifique la Generalitat, que ha participado en el proyecto a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa).
El secretario de Territorio y Vivienda del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, consideró "especialmente grave" que una entidad pública haya diseñado una propuesta de "tamaño impacto sobre el territorio y el paisaje", y que llegue a la aprobación final sin garantizar el agua para los 20.000 vecinos que habitarán los 5.000 pisos de los rascacielos ni accesos viarios adecuados. Los ministerios de Medio Ambiente y de Fomento han emitido informes negativos sobre el plan, por lo que la Delegación del Gobierno en Valencia lo ha recurrido.
Burriel reclamó a la Generalitat valenciana que aparque el Manhattan y pida la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cullera. El documento, aprobado por los socialistas en 1995 con una vigencia de ocho años, declaró urbanizable el área de la Vega, "pero no con trampas" que, según Burriel, han aumentado la edificabilidad en la zona. El portavoz socialista de Cullera, Joan Grau, ha pedido reiteradamente un nuevo PGOU, que comenzó a tramitarse en julio tras la aprobación de otros dos planes junto a la desembocadura del Júcar con 13.000 viviendas. El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, se limitó ayer a reseñar una obviedad: la Generalitat "va a seguir todos los pasos que marca la legislación vigente" y no incumplirá "ningún proceso procedimental". Los ciudadanos, dijo el consejero, "pueden estar tranquilos", porque cuando el plan "llegue" a su departamento "tendrá el mismo tratamiento que el que tiene el resto" de proyectos. Sin embargo, el Manhattan no llega a la consejería, sino que regresa a ella. Fue aprobado provisionalmente por Territorio y Vivienda en noviembre de 2005, condicionado a cambios que Cullera da por cumplidos. El consejero marcó una distancia ficticia con el Manhattan al afirmar que "estudiará" los informes "para conocer la viabilidad del proyecto" coordinado por el Ivvsa, que depende precisamente de él.
Esquerra Unida-L'Entesa acusó al consejero de permitir un "urbanismo salvaje" y pidió que dimita "por dignidad".
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