El TSJ obliga a Sanidad a pagar 8,5 millones que debe a siete proveedores

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) vuelve a obligar a la Consejería de Sanidad a pagar los suministros sanitarios que adquiere y a los que después no hace frente. La sala de lo Contencioso Administrativo ha reconocido en un solo mes el derecho a cobrar a siete empresas proveedoras de material quirúrgico por un valor de 8.572.309 euros, pendientes en algunos casos de abono, desde 1999.

Sanidad deberá abonar 8.572.309 euros a siete empresas de material quirúrgico, sanitario y farmacéutico por facturas pendientes de pago correspondientes a suministros realizados a hospitales públicos entre 1999 y 2002, y por intereses de demora acumulados. Siete sentencias de la sección tercera de la sala de Lo Contencioso-Administrativo anulan las desestimaciones realizadas por la Generalitat de las peticiones realizadas por las mercantiles pendientes de cobro. La Administración, como ya ha hecho en otras ocasiones, no acepta las reclamaciones porque no da por reconocidas las facturas desde el mismo momento que lo entienden las mercantiles.

El conflicto de fondo es siempre el mismo. Y una vez más el TSJ recuerda a la Administración que el artículo 100.4 de la Ley de Contratos de la Administración, de mayo de 1995 deja bien claro que debe abonar en los dos meses posteriores a fecha de expedición de certificaciones o de presentación de las facturas sin que se pronuncie sobre ellas.

En uno de esos fallos judiciales, la Sanidad adeuda 2.291 facturas libradas por la empresa Abbot Científica hasta el 31 de diciembre de 2002, por un importe de 5.370.597 millones de euros. Otro de los importes más importantes que deberá pagar la Administración autonómica asciende a 1.514.078 euros y corresponde a 550 facturas presentadas por Sorin Biomédica España. Corresponden a suministros realizados entre 1999 y 2002.

También la compañía Dakocytomation reclamaba más de medio millón de euros, concretamente 524.337, por 334 facturas impagadas.

El tribunal también ha reconocido el derecho de la empresa Metronic Ibérica a percibir 588.569 euros en concepto de intereses por demora en el pago de suministros. Una situación idéntica es la que reconoce a Baxter, a quien Sanidad debe en concepto de intereses de demora, por haber pagado tarde las facturas, 299.646 euros. Otros 260.776 deberán ser abonados por el mismo concepto a Agmen y 14.106 a Biomerieux.

El TSJ reitera en todos los fallos, como viene siendo habitual en supuestos idénticos por los que Sanidad tiene que hacer frente a cantidades millonarias, que los contratos para estos suministros están acreditados por la presentación previa de facturas y la conformidad de los jefes de los centros que recibieron los medicamentos.