Un juez investiga al alcalde de Mazarrón por pagos a un concejal que votó el Plan General

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Totana (Murcia) investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera, cabeza de lista del Partido Independiente por Mazarrón (PIXM), cuyos tres concejales han permitido con su apoyo la reclasificación de más de 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico que pasarán a ser urbanizables. El 26 de septiembre, el alcalde aprobó con los votos de su partido y de los tres ediles localistas el avance del Plan General de Ordenación Urbana, que hace posible que se puedan construir hasta 43.000 viviendas en la zona norte, según la edificabilidad prevista por el Ayuntamiento.

Principalmente, son tres las empresas beneficiadas: Polaris World, con más de 7 millones de metros cuadrados; Euromarina, seis millones; e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón (alrededor de 5 millones). Esta última sociedad fue creada en noviembre de 2005 en Madrid, y se ha comprometido, sin ninguna contrapartida conocida públicamente, a hacerse cargo de la deuda de 6,5 millones de euros que ha contraído el Ayuntamiento desde 1995, bajo los mandatos del ex alcalde Domingo Valera y del actual, Francisco Blaya, ambos del PP, con la empresa que presta los servicios de la limpieza, Urbaser. Esta sociedad desempeña las mismas labores en ciudades como Orihuela, donde está siendo investigada por presuntos pagos ilegales a varios ediles.

Si las empresas favorecidas por la reclasificación de los terrenos rústicos logran su objetivo en Mazarrón, municipio en el que hay unos 32.000 habitantes empadronados y unas 28.000 casas, se podrían construir hasta 43.000 nuevas viviendas, según el estudio realizado por la oposición socialista, cuyo secretario general en Mazarrón, Francisco García, no tuvo acceso a las cuentas municipales hasta que el Tribunal de Cuentas obligó al alcalde a hacerlas públicas.

Preservar el litoral

El alcalde investigado rechazó, tras aprobarse el avance del plan general, las críticas de la oposición, al tiempo que explicó que uno de los objetivos generales de la revisión del plan general "es preservar el patrimonio cultural y medioambiental del municipio, especialmente el litoral, donde no se propone ni un solo metro de suelo urbanizable". En este sentido, Francisco Blaya remarcó que protegerán una zona denominada Puntabela. El primer edil resaltó, asimismo, que el plan general se presenta con "total transparencia y coherencia y como una propuesta abierta al debate de las opiniones de los ciudadanos mazarroneros".

Mientras tanto, el juzgado de instrucción de Totana investiga de esta forma la querella presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) contra el alcalde de Mazarrón y el concejal Domingo Valera, del Partido Independiente por Mazarrón (PIXM), por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Según la querella, tras las elecciones de 2003, el pleno del Ayuntamiento acordó, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, conceder la dedicación exclusiva a Valera, ex alcalde de Mazarrón por el PP, con un sueldo bruto de 31.365 euros en catorce pagas, así como la "media liberación" para el resto de ediles del PIXM. La querella se dirige también contra el interventor y tesorero del Ayuntamiento, Pedro Sánchez y Juan Martínez, respectivamente.

Según el fiscal, "al margen del pleno, Francisco Blaya acordó con Valera la entrega de las cantidades que en cada momento requiriera de la corporación, que habrían de disfrazarse, para darles apariencia de legalidad, como anticipos de su sueldo". Añade que esas entregas de dinero "nunca tuvieron ese carácter, sino el de meros regalos realizados con dinero público, tanto por el hecho de que las entregas a favor de Valera no obviaban que mensualmente Valera recibiera su sueldo íntegro, sin detraérsele las cantidades supuestamente anticipadas, como por el hecho de no existir normativa legal alguna que amparase la entrega de anticipos".

Valera recibió 33.000 euros entre el 15 de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005, según indica la querella, que destaca que el dinero fue entregado por el interventor, con su oposición verbal, "siguiendo las arbitrarias instrucciones del alcalde".

El documento del fiscal indica que cada vez que Valera pedía dinero al tesorero del Ayuntamiento, "le llamaba por teléfono al alcalde para ponerlo en su conocimiento y éste autorizaba el pago, que se documentaba en Tesorería mediante recibos manuscritos por el tesorero". Posteriormente, "Blaya firmaba la orden de pago justificado como anticipo de pagos al personal".

El fiscal recuerda que "para ocultar la ilegal concesión de anticipos el alcalde se negó a facilitar la documentación a los concejales del PSOE", y sólo fue obligado a informar de la situación por sentencia judicial en julio de 2005.

El portavoz del grupo socialista en Mazarrón, Francisco García, asegura que hubo meses que el alcalde concedió a Valera hasta 5.500 euros en 20 días, además de los 1.500 euros del sueldo que éste tiene asignado, "como es el caso de junio de 2004. O como en noviembre de 2003 [recibió] 4.300 euros más sueldo, y en diciembre de ese mismo año 4.900 euros más sueldo y paga extra".