El Gobierno deja pasar otro año sin enviar a la Cámara las leyes de liquidación de cuentas
El Ejecutivo 'debe' al Parlamento los proyectos de ley correspondientes desde 1999
El Ejecutivo ha dejado transcurrir un año más sin presentar a la Cámara ninguno de los proyectos de ley de liquidación de los presupuestos, pendientes desde que el lehendakari Juan José Ibarretxe ocupa el cargo. Su presentación viene obligada por el artículo 126 de la Ley de Régimen Presupuestario vasca y la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, se comprometió en octubre del año pasado a enviarlos. No dijo cuándo lo haría, pero apunto que sería "en los próximos meses" en su respuesta, hace ya más de un año, a una pregunta parlamentaria.
La vicelehendakari aseguró hace un año largo que el ejecutivo estaba en condiciones de entregar al Parlamento los proyectos de ley correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 1998 y 2002, ambos incluidos, pero lo cierto es que aún no ha mandado ni uno.
Pese a esa promesa, Zenarruzabeitia consideró que el procedimiento de liquidación de las cuentas finaliza con la presentación ante la cámara legislativa de los informes elaborados por los órganos de control externos, es decir, por el Tribunal de Cuentas, cuyo último trabajo se refiere a 2004.
También se quejó de que la presentación de proyectos de ley de liquidación es una obligación que no tienen ni el gobierno central ni las otras comunidades autónomas. La oposición no acepta este argumento, porque la normativa vasca sí la impone y a ella se debe el Gobierno autonómico.
Los sucesivos ejecutivos presididos por el actual lehendakari no han enviado ni siquiera la ley de liquidación correspondiente al ejercicio de 1998, dentro aún del último mandato del anterior lehendakari, José Antonio Ardanza, y que aquel equipo no pudo elaborar porque el nuevo le sustituyó el 2 de enero de 1999.
Así, son ocho los ejercicios pendientes y nueve los años transcurridos desde la última cuenta liquidada con la correspondiente ley, la ejecutada por el Gobierno de coalición PNV-PSE en 1997.
La oposición se ha interesado en el Parlamento por este incumplimiento pero el Gobierno sigue haciendo caso omiso. La misma actitud observa ante idéntica reclamación efectuada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que le ha reiterado la petición de que envíe los proyectos anualmente.
El Grupo Socialista ha presentado ahora una interpelación a Zenarruzabeitia, que podría dar lugar a una moción en la que la Cámara censurara al ejecutivo y le obligara a cumplir la ley.
Caso omiso a TVCP
El Gobierno se escuda en que la normativa presupuestaria no explicita un plazo concreto para la presentación de estos proyectos de ley con la liquidación de las cuentas a la Cámara. Por tanto, estima que puede decidir a discreción el momento de enviarlos y acumular cuantos ejercicios desee sin cubrir ese trámite, sin que ello signifique que esté incumpliendo la ley.
El TVCP le ha advertido también, dando así la razón a la oposición, de que no se escude en esa laguna de la norma, la inexistencia de un plazo preciso, para eludir una obligación legal, que sus antecesores sí cumplieron. Es cierto que también los Gobiernos de Ardanza acumularon retrasos y remitieron los proyectos de ley a la Cámara en paquetes que agrupaban varios años.
El Tribunal de Cuentas ha pedido con posterioridad que los proyectos de ley de liquidación de las cuentas se envíen en el año siguiente al cierre de cada ejercicio. "El Gobierno no debe escudarse en este vacío legal" -la inexistencia de plazo concreto en la norma- le reconvino el año pasado. En el mismo informe le instaba a presentar "anualmente el obligatorio proyecto de ley en el plazo más breve posible".
Las fuentes consultadas en el Tribunal de Cuentas no encuentran motivos, al menos de orden operativo o técnico, para que el Gobierno no cumpla con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Régimen Presupuestario autonómica.
El problema puede ser, pues, más de índole político, y residir en que el ejecutivo -que ha visto empeorar su posición relativa en la Cámara desde que Ibarretxe alcanzó el poder- tema que los proyectos le sean rechazados por el Parlamento; máxime cuando la mayor parte de ellos, hasta que los de este año se aprobaron con holgura gracias al respaldo socialista, fueron objeto de graves conflictos con la oposición y cuestionamientos de su legalidad. El correspondiente a 2002 resultó incluso anulado un año después por el Tribunal Constitucional.
Incógnitas legales sobre una situación inédita
El Gobierno, según los grupos parlamentarios consultados por este periódico, no se ha dirigido nunca a ellos ni efectuado tanteo alguno acerca de cuál sería su comportamiento en caso de que remitiera los proyectos de ley pendientes.
Las fuentes consultadas en los grupos de la oposición no se pronuncian con claridad sobre cuál sería su posición, aunque recuerdan que los presupuestos de todos esos ejercicios, salvo el de 1999, pactado con Batasuna, entonces Euskal Herritarrok, se sacaron adelante gracias al voto por separado de las enmiendas a la totalidad, reprobado por toda la oposición. Esas mismas fuentes eluden pronunciarse sobre cuál sería la situación legal en que quedarían los presupuestos de todos esos años si el Gobierno trasladara a la Cámara los proyectos de ley de liquidación y éstos fueran rechazados. Tampoco las fuentes jurídicas consultadas tienen una idea clara de cuáles serían las consecuencias de un ese eventual rechazo.
Los de orden práctico serían nulos, lo dan por hecho, pero otra cosa sería los de tipo legal, donde algunas de esas fuentes estiman que el ejercicio o los ejercicios presupuestarios afectados quedarían sin cerrar y las consecuencias políticas y hasta estéticas, ya que el Gobierno, consideran, debería volver a intentarlo hasta que consiguiera la aprobación.
Los anteriores gobiernos no se encontraron nunca con este problema gracias a la holgada mayoría que disfrutaron en coalición PNV y PSE.
El pronunciamiento más reciente sobre el particular lo realizó el director de la Oficina de Control Económico del Gobierno, Javier Losa, en su comparecencia hace dos semanas ante la ponencia que estudia la modificación de la legislación presupuestaria. Losa reiteró la queja de la vicelehendakari sobre la inexistencia de obligación equivalente en otras autonomías. Un argumento que no les acepta la oposición. Ésta considera este proceder elusivo de una obligación legal como "un ejercicio de oscurantismo", en palabras del portavoz socialista José Antonio Pastor.
Por ello lleva mucho tiempo batallando para que el Gobierno adelante los plazos de la rendición de cuentas, una petición avalada por el Tribunal de Cuentas. De otro modo, señalan, los grupos no pueden realizar un contraste adecuado entre promesas y resultados y el Gobierno escamotea así un control en condiciones de su gestión de las arcas públicas.
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