Hallados informes con datos de ediles del PNV y EA en la 'herriko' de Zarautz

Catorce de los quince concejales de la coalición PNV-EA de Zarautz (Guipúzcoa) y varios policías municipales de la localidad se sobresaltaron el jueves al recibir una llamada de la Delegación del Gobierno en el País Vasco. Les alertaba de que sus nombres, su dirección, las matrículas de sus coches, y otros datos más personales, figuran en un documento hallado el lunes por la Guardia Civil en la herriko taberna de la localidad, durante el registro ordenado por el Tribunal Supremo para inventariar todos los bienes de estos bares, para la liquidación del patrimonio perteneciente a Batasuna.

"Sabes que la información suele partir de lugares cercanos, pero no te esperas una cosa así y menos en estos tiempos", lamentó ayer la alcaldesa de Zarautz, Maite Etxaniz (EA). "En todo caso, creemos por datos concretos que puede tratarse de informaciones de finales del 2005".

La Junta de Portavoces del consistorio se reunió ayer en sesión extraordinaria, condenó "la nueva acción de presión y coacción de la izquierda abertzale" -el PP no suscribió el documento- y llamó a la ciudadanía a mostrar su solidaridad en una concentración mañana, a las 20.15, ante el Ayuntamiento. La corporación ha decidido hacer pública la noticia "para que nadie se engañe, (...) para evitar que, como siempre en estos últimos años, la izquierda abertzale se haga la víctima y traspase a los demás sus responsabilidades políticas".

Los miembros de la plataforma Amalda, que no pudieron presentarse a las últimas elecciones, han venido desarrollando una campaña contra tres ediles de PNV-EA. "Consideran que les han robado sus escaños", afirma el portavoz socialista, Patxi Elola. Y actúan a su manera, según esa creencia. En el pueblo aparecen "cada vez que hay fiestas" las fotografías de los ediles con la leyenda lapurrak (ladrones). Uno de ellos, Antton Illarramendi dimitió hace un mes "por razones personales". Mientras, a los miembros de Amalda se les permite la entrada a los plenos, razón por la que el PP se negó a firmar el texto de ayer. En todo caso, el 31 de mayo pasado, la Junta decidió no atender sus propuestas hasta el cese de las intimidaciones.