PNV y PSE exigen el cese de la violencia para poner en marcha la mesa de partidos

Si no cesa el rebrote de la violencia de ETA, iniciado con la kale borroka en agosto y coronado con el robo de armas el lunes en el sureste de Francia, no sólo afectará al inicio del diálogo oficial entre el Gobierno y la banda. También afectará al preacuerdo sobre la mesa de partidos en el que trabajan los partidos vascos desde septiembre. Dicho preacuerdo no se formalizará hasta que ETA de muestras inequívocas de que la violencia ha cesado. En esta posición firme coinciden el secretario general del PSE, Patxi López y el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, dirigentes de dos partidos clave en el proceso de paz en Euskadi.

El Gobierno y ETA, tras algunos contactos preparatorios, celebrados semanas atrás, habían decidido posponer a fines de año el inicio del diálogo oficial para abordar el compromiso de "desmilitarización" de la banda y la adopción de medidas penitenciarias sobre los presos.

Mientras tanto, los partidos vascos -incluida la ilegalizada Batasuna- avanzaban desde septiembre, en conversaciones bilaterales y discretas, hacia un preacuerdo sobre el funcionamiento, metodología y contenidos de la futura mesa de partidos. Esta parte política del proceso, en la que participan todos los partidos vascos excepto el PP, que se ha automarginado, estaba previsto que culminara con un preacuerdo en diciembre y que fuera el aldabonazo que abriera el diálogo entre el Gobierno y ETA.

Las conversaciones políticas avanzaban, con zig-zags y dificultades. Pero en los últimos días se vislumbraban posibilidades de entendimiento en cuestiones muy espinosas como el método de votación en las resoluciones de la mesa -con una inclinación por las mayorías transversales y cualificadas frente a las mayorías simples-; o en el debate sobre la capacidad de decidir dentro del respeto al marco institucional.

En todo caso, en el Gobierno y en los partidos vascos se daba por superada la crisis en la que había entrado el proceso de paz en agosto. De ahí la sorpresa con la que el Gobierno socialista acogió la noticia del robo de la armería en Francia y tardara más de 24 horas en apuntar oficialmente a ETA como autora del asalto.

Pasado el primer momento de desconcierto, y a falta de una tesis definitiva sobre lo sucedido, en el Gobierno predomina la idea de que ETA, con el robo en la armería, ha pretendido dirigir a la opinión pública un mensaje de fuerza muy calculado en vísperas del debate sobre el proceso de paz en el Parlamento Europeo. "ETA quería decir que está viva porque su silencio podía interpretarse como que el proceso ya estaba casi acabado", interpretan fuentes gubernamentales.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dejó clara la opinión mayoritaria del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros del viernes, que se inclina por considerar el asalto de la armería como un pulso publicitario de ETA y no una estrategia de rearme. Fernández de la Vega dijo de modo revelador: "Es un acto completamente estéril e inútil si ETA pretende utilizarlo como medio de presión". Fuentes de la investigación avalan la tesis gubernamental del pulso publicitario porque estiman que ETA, con los efectivos de que dispone, no necesita de más armas.

No obstante, el Ejecutivo pretende asegurarse del todo de que ETA no esté rearmándose, como lo hizo en la fallida tregua de 1998. Del mismo modo, da prácticamente por descartada la hipótesis de que un grupo escindido de ETA sea el autor del robo de armas, aunque no descarta la existencia de un grupo de presión interno al que la dirección de ETA tolera su acción.

Ante esta situación, la vicepresidenta primera anunció el viernes que el Ejecutivo llevará adelante una verificación y que necesitará de "algunos días o semanas", para despejar cualquier duda. Para ello, el Gobierno cuenta con varios canales, que van desde las investigaciones policiales a la comunicación con la propia ETA.

Pero el Gobierno tampoco se encuentra ahora en la tesitura de tener que suspender un diálogo oficial con ETA que aún no se ha iniciado. Estaba previsto que el diálogo se iniciara a fines de año, una vez que los partidos llegaran a un preacuerdo sobre el funcionamiento y el contenido de la mesa de partidos.

Por tanto, el Gobierno no se plantea ahora una suspensión y, menos aún, una ruptura del proceso. De aquí a diciembre, ETA tiene dos meses de plazo para mostrar su voluntad inequívoca de cesar la violencia, que el Gobierno le exige como condición para dialogar, de acuerdo con la resolución parlamentaria de mayo de 2005. A su vez, los partidos vascos presionan a ETA, a la que exigen su cese para formalizar el preacuerdo sobre la mesa.

La Moncloa contempla las vicisitudes de esta semana como "algo lógico" dentro de la complejidad que conlleva un proceso que pretende desmontar casi 40 años de violencia.