El concejal de urbanismo de Burriana votó y tramitó un PAI en el que tiene una parcela

El concejal de Urbanismo de Burriana, Javier Perelló (PP), es propietario de una parcela, ubicada en una franja costera del mismo municipio. El terreno, de poco más de 1.000 metros cuadrados, con un aprovechamiento del 0,50%, está incluido en un Programa de Actuación Integrada (PAI) presentado por la sociedad Urbacon Levante, perteneciente al grupo Azvi. Sin embargo, su interés directo en el desarrollo urbanístico no ha sido óbice para que él mismo haya tramitado todo el expediente e incluso votara para la aprobación y adjudicación del mismo. Los propietarios exigen la intervención del Consell.

El edil reconoce que compró el solar dos meses antes de que se presentara el programa

Parte de los propietarios han recusado a Perelló porque entienden que carece de imparcialidad

El procedimiento no está exento de irregularidades y, de hecho, su aprobación está sometida a un dictamen técnico que habrá de determinar su legalidad. En cualquier caso, la zona a desarrollar cuenta con otros dos hándicaps. Por una parte, es colindante al otro polémico PAI de Burriana, el Pedrera-Port, que provocó una crisis dentro del mismo grupo popular dadas las múltiples irregularidades y, por otra, la nueva zona a desarrollar está ubicada sobre un importante yacimiento íbero-romano, el Torre d'Onda, tal como determina un informe arqueológico.

La fecha de adquisición de la parcela por parte de Perelló y su esposa, en régimen de gananciales, no dista de la de presentación del PAI. Según el propio expediente, esta fue escriturada en enero de 2003, tres meses después de que se presentara el PAI. Sin embargo, el propio Perelló aseguró contar con un documento privado fechado en julio de 2002, es decir, dos meses antes de que se presentara el programa. En cualquier caso, entre esas fechas, julio de 2002 y enero de 2003, los propietarios oficiales recibieron de la promotora una primera notificación que anunciaba el proyecto. Todos, excepto el dueño oficial de la parcela que después pasó a manos de Perelló. Su nombre figura tachado, de acuerdo el acta notarial por la que se presentó el programa. Las "anomalías" en las notificaciones obligaron a un envío posterior aunque éste se hizo a través de un sistema que sólo certifica el envío y no el contenido. El caso es que el propietario de la parcela de Perelló sí recibió notificaciones posteriores, ya que en enero de 2004 el propio concejal presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando que remitieran los comunicados de las actuaciones a su esposa, como propietaria de una parte del terreno afectado. El popular reclamó este derecho, como cualquier otro propietario, pero no aportó la escritura de propiedad que sí han tenido que presentar el resto de propietarios.

La tramitación del PAI ha sido dirigida por Perelló como concejal de Urbanismo, sin que el hecho de tener interés directo en él haya supuesto ningún obstáculo. De hecho, fue el propio Perelló quien propuso la contratación de una asistencia jurídica externa para fundamentar la adjudicación a la empresa, que no tenía competidores. Pero en este caso, también existe un baile de fechas ya que el abogado retiró la documentación del ayuntamiento tres meses antes de ser contratado.

En el momento de votar la adjudicación del proyecto, Perelló no se abstuvo como sí hizo la portavoz del grupo municipal socialista, Iolanda Porcar, ya que un familiar cuenta con una vivienda en la misma zona aunque ésta date de hace décadas.

Así, un grupo de propietarios ha presentado una recusación contra el concejal de Urbanismo al entender que "carece de la necesaria imparcialidad, al ser parte interesada por ser propietario de terrenos". El artículo 28 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que es motivo de abstención el "tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél". Por eso, los propietarios, después de que se les desestimaran sus alegaciones, consideran que Javier Perelló no debió participar en ninguna fase del procedimiento y que su recusación podría anular toda la tramitación que estaría "viciada" desde el principio.

Los vecinos sostienen que puesto que las características que el Plan General de Ordenación Urbana otorgaba al suelo han sido modificadas, su variación ha de ser aprobada por la Consejería de Territorio. El PP se comprometió a solicitar un informe técnico que determinara qué administración es competente para su aprobación pero, de momento, no se ha presentado. Además, la empresa ha entregado, junto al proyecto de reparcelación, una segunda modificación que también encierra variaciones estructurales como son los porcentajes de edificabilidad.