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La UE deniega 42,8 millones a la Generalitat por falta de justificación

Los fondos se gastaron de 2000 a 2003, en el último Gobierno de Pujol

La Comisión Europea ha denegado una subvención de 42,8 millones de euros que el Departamento de Trabajo de la Generalitat gastó entre 2000 y 2003 en políticas de promoción de empleo porque no se han podido justificar con documentos. El organismo supranacional concede un plazo de dos meses a la Administración autonómica para que se presenten las facturas, un hecho que muy probablemente no podrá ocurrir porque no existen esos justificantes, según reconocen los actuales gestores de Trabajo.

El requerimiento del Ejecutivo comunitario a la Generalitat figura en el informe 2006044 del mes pasado, al que ha tenido acceso este diario y que fue emitido tras una auditoría realizada en Barcelona entre el 12 y el 14 de julio de este año. El informe presenta dos apartados. Uno se refiere al Departamento de Educación, en el que se constatan algunas anomalías contables administrativas pero que no cuestiona el pago de las subvenciones europeas.

El otro apartado analiza las cantidades gastadas entre los años 2000 y 2003, durante el último Gobierno de Jordi Pujol, por el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), adscrito al Departamento de Trabajo. El informe señala que existen 42.806.732 euros que "no son subvencionables" porque no se emitieron las facturas que justifican los gastos. La auditoría tomó como muestra ocho proyectos de actuación y constata que "en siete casos, unos pagos efectuados por la comunidad autónoma de Cataluña no estaban justificados con facturas de los prestadores o mediante declaraciones de gastos de los beneficiarios".

Procedimiento administrativo

También se asegura que "las prestaciones efectuadas superan ampliamente, en determinados casos, los umbrales admitidos por la compra de servicios sin recurrir a un procedimiento administrativo". Recuerda, además, la auditoría que "la emisión de una factura era una de las condiciones imprescindibles para determinar la subvencionabilidad, siendo otra el respeto de las normas en materia de contratación pública". Otra de las irregularidades constatadas es que "al verificar las declaraciones de gastos, no se disponía o no se había solicitado ni antes ni después del pago ninguna información sobre las fechas de pago de los gastos".

El resultado de la auditoría fue remitido el pasado 19 de septiembre por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la Generalitat para que en el plazo de dos meses remitiera "cuantas observaciones estimen necesarias" para trasladarlas a la Comisión. La Generalitat dispone aún de tres semanas de tiempo para responder. La decisión oficial todavía no está tomada, pero fuentes del Departamento de Trabajo admiten que los justificantes no podrán presentarse porque la Generalitat no los exigía entonces, en contra de lo que marcaba la normativa europea. Por tanto, si se confirma este extremo, la subvención se perderá. La alternativa para salvar la subvención de los fondos que está estudiando la Generalitat pasaría por reclamar una moratoria de dos años a la UE para realizar nuevas políticas de promoción de empleo.

La cartera de Trabajo estaba, cuando se gastaron aquellas cantidades, en manos de Unió Democràtica. Un portavoz del partido mostró ayer su sorpresa por el contenido de la auditoría asegurando que era "rara y contradictoria", porque en el año 2004 un alto cargo de la Comisión alabó en público el "eficiente" gasto de subvenciones procedentes de la Unión Europea entre 2000 y 2003, aunque todavía no se habían justificado. La Comisión Europea ya suspendió de manera cautelar en 2000 ayudas por valor de seis millones de euros tras el caso Pallerols, de supuesta financiación irregular de UDC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de octubre de 2006