El Parlamento da dos meses al Gobierno para presentar un calendario legislativo

El Gobierno encajó ayer otro par de derrotas en el Parlamento y en virtud de una de ellas tiene dos meses de plazo para presentar en la Cámara su calendario legislativo para el mandato que inició en julio de 2005 y que no ha enviado como tenía por costumbre hasta ahora. El PSE logró el apoyo del PP, EHAK y Aralar a una propuesta inicialmente más dura con el Ejecutivo, que fue suavizada en la negociación con el PP. Los grupos del Gobierno coincidieron en advertir a la oposición de que la aprobación de su iniciativa no supone que el Ejecutivo vaya a cumplirla, ya que la ley no le obliga a ello.

"Podrán traer las iniciativas que quieran, pero legalmente es prerrogativa del Gobierno la presentación del calendario legislativo". Esta frase, repetida hasta en dos ocasiones por el portavoz de EA, Unai Ziarreta, parece anunciar la resistencia que opondrá el Ejecutivo al cumplimiento del mandato parlamentario que recibió ayer sobre el envío de un calendario legislativo a la Cámara. "Ustedes ganarán [la votación], pero no tendrán la razón ni el Gobierno ninguna obligación legal", añadió.

La moción de ayer era la consecuencia de una interpelación sobre el mismo asunto a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, que el parlamentario socialista Óscar Rodríguez le anunció, lo mismo que la derrota de ayer, hace tres semanas. El Ejecutivo tuvo que encajar también la toma en consideración de una proposición de ley sobre la creación del Instituto Vasco de Consumo, a la que había mostrado su criterio contrario y que los grupos que apoyan a Ibarretxe no lograron frenar con sus votos.

El Gobierno no ha remitido en esta legislatura al Parlamento la relación de proyectos de ley que piensa enviar a la Cámara durante este mandato. Ante la inexistencia de obligación legal de hacerlo, y visto que ese listado se convertía en un arma de reproche para la oposición por los incumplimientos, el año pasado optó por suprimir ese uso y afirmó que sus planes legislativos están contenidos en el acuerdo de coalición y el programa de gobierno.

La propuesta del PSE, farragosamente redactada, pretendía forzar al Ejecutivo a presentar ese detalle de intenciones al inicio de cada mandato y después de forma semestral, al inicio de cada período de sesiones. La negociación con el PP la clarificó y redujo la constricción a que los socialistas pretendían someter al Ejecutivo.

El texto finalmente aprobado, también con los votos de EHAK y Aralar, pide al Gobierno que presente en dos meses, antes de finales de año, el calendario legislativo de todo el mandato, con precisión del periodo de sesiones en el que prevé llevar cada proyecto de ley o plan. Después deberá enviar a la Cámara, en el plazo de un mes tras el debate de política general de septiembre, actualizaciones anuales de sus compromisos y modificaciones que efectúe sobre ellos o sobre los plazos que haya comprometido.

La portavoz del PNV en el debate, Bakartxo Tejería, hizo suyos los argumentos esgrimidos por la propia vicelehendakari cuando ha sido interpelada sobre el particular. Tejería argumentó también que ninguna otra comunidad autónoma ni el Gobierno central hacen nada semejante en sus parlamentos. La representante peneuvista señaló que el detalle en que entran ahora los programas de gobierno, antes más generalistas, hacen innecesario ese nuevo compromiso. "Los programas están totalmente concretados", dijo. Como Ziarreta, asumió de antemano la derrota: "Vamos a perder esta votación y esta moción le llegárá al Gobierno. Él verá cómo actúa", concluyó, tras sugerir que se pidiera un calendario operativo para el traspaso desde la Administración central de las competencias pendientes.

La representante popular, Laura Garrido, quien se estrenaba ayer en la tribuna, criticó el pobre balance del Gobierno. "Han traído 14 proyectos, de los que sólo se han aprobado cuatro, mientras el grupo popular ha presentado él solo 15 proposiciones de ley", reivindicó.

La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, anunció su voto a favor de la propuesta acordada por PSE y PP preguntándose "por qué no se puede hacer ahora lo que se ha hecho antes". La votación supuso la derrota del Gobierno por 34 votos frente a 31. Faltaba el lehendakari, de viaje oficial en Argentina.

Apoyo a Estrasburgo

El PP no logró, sin embargo, sumar los apoyos suficientes para instar a Educación a que reabra las negociaciones con los sindicatos en la UPV para ampliar el acuerdo sobre los complementos que ha firmado con LAB y STEE-EILAS, que representan al 33% del profesorado. El PSE se avino a consensuar un texto común con los populares, pero el Gobierno logró el apoyo de EHAK y la iniciativa fue rechazada. El portavoz popular, Santiago Abascal, afirmó que el acuerdo es "un parche", mientras la socialista Isabel Celaá trataba de convencer al tripartito de que se trataba sólo de hacer un esfuerzo más. Fue en vano. El tripartito se enrocó en la exigencia al Gobierno central, al abrigo de que suyas son las competencias sobre las condiciones salariales de los docentes universitarios y en la justificación de que la falta de unidad sindical no es responsabilidad gubernamental.

Kontxi Bilbao, de EB, bajo el condicionamiento quizá de que CCOO no ha firmado, se mantuvo más templada, dejó ver su acuerdo "en una parte" con lo que PP y PSE proponían, pero votó con sus socios.

La Cámara se pronunció también en apoyo de la resolución aprobada el miércoles en el Parlamento Europeo de Estrasburgo sobre el proceso de paz. Fue la respuesta que el PSE dio -y recibió el apoyo del tripartito- a un nuevo intento del PP de censurar la supuesta permisividad del consejero de Interior, Javier Balza, con Batasuna y que proponía también que el lehendakari prescinda de sus miembros como interlocutores. El socialista Antonio Rivera señaló al popular Carlos Urquijo que su grupo está "más que harto" de sus inciativas, que, más allá del contenido concreto, persiguen siempre "no dar respiro al proceso de paz".

El apoyo del tripartito se fue finalmente al PP, para respaldar su petición de que el Tribunal de Cuentas audite la sociedad Ohianberri, ya disuelta. Frenó así una enmienda socialista más amplia y problemática, que instaba al órgano auditor a realizar todos los trabajos que le encargó la comisión de Economía y de los que el tribunal eliminó una buena parte.