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Reportaje:Los escándalos urbanísticos

Huelga general contra la especulación urbanística

Cuevas del Becerro se paraliza para exigir a la Junta de Andalucía que detenga un proyecto de 800 chalés

Fernando J. Pérez

Cuevas del Becerro organizó ayer, con éxito, la primera huelga general contra la especulación urbanística en España. Los tres bares y restaurantes de esta localidad, de 1.853 habitantes y a 90 kilómetros de Málaga, cerraron todo el día. Lo mismo sucedió con la escuela de primaria, el consultorio médico, la gasolinera y la herrería; y los viajeros que ayer quisieron comprar sus típicos quesos de cabra en las tiendas del pueblo tendrán que volver en mejor ocasión. A la hora de comer, Cuevas era un pueblo fantasma.

Los convocantes del paro, encabezados por la alcaldesa, Isabel Teresa Rosado (IU), reclaman a la Junta de Andalucía que detenga un proyecto urbanístico que prevé 800 chalés de lujo con parcelas de 4.500 metros cuadrados, dos campos de golf y dos hoteles en el paraje de Los Merinos Norte, del vecino municipio de Ronda y que actualmente no dispone de agua. La urbanización se levantará sobre el acuífero que abastece a Cuevas y a otros dos municipios, Arriate y Setenil, que suman unos 10.000 habitantes. "La especulación amenaza el acuífero", alerta la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua.

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La Cuenca Mediterránea Andaluza -antigua Confederación Hidrográfica del Sur- denegó al proyecto urbanístico una concesión para captar agua del acuífero, que se encuentra ya sobreexplotado "A pesar de todo, se están haciendo perforaciones, aunque han parado un poco al ver las movilizaciones. Pero si continúan ponen en peligro tanto el abastecimiento urbano como la calidad de las aguas subterráneas", denuncia la regidora.

"No es que nos quiten el agua, sino que además van a mear en lo alto del acuífero", describe en clara prosa Diego Ramírez, vecino de Cuevas. Miguel Ángel Carrillo, abogado de Ecologistas en Acción, lo explica más científicamente: "La composición de los terrenos, de roca caliza, hace que las aguas fecales de la urbanización se filtren hacia el acuífero y lo contaminen".

Los promotores de Los Merinos negaron ayer que su discutido proyecto vaya a causar daños en el enorme pozo subterráneo. "El 27 de julio, el Ayuntamiento de Ronda aprobó el convenio que garantiza que los campos de golf se regarán con el agua reciclada procedente de la depuradora de Ronda, y el suministro humano se realizará desde la red general de abastecimiento de esta ciudad", señalan fuentes de la empresa.

En Cuevas del Becerro no lo tienen tan claro. La estación depuradora de aguas residuales de Ronda, con cuyas aguas se regarán supuestamente los campos de golf, aún no está terminada. "Además, el hecho de que Los Merinos esté a nueve kilómetros del núcleo urbano de Ronda hace muy complicado llevar el agua hasta allí, porque habría que salvar grandes desniveles, expropiar fincas particulares e instalar estaciones de bombeo", afirma Carrillo.

El único momento en que hubo cierto movimiento ayer en Cuevas del Becerro fue a mediodía. Unas 650 personas, muchas de ellas con banderas y pañuelos azul celeste, recorrieron el camino que separa el Ayuntamiento del paraje del Nacimiento, un rebosadero del acuífero, en el que se abastece el pueblo, y al que hasta 1959 se iba a buscar agua y a lavar la ropa.

Los manifestantes corearon gritos de apoyo a la alcaldesa, que esta semana ha sido denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por falsedad documental, prevaricación y malversación por una recién creada Asociación para la Defensa y Legalidad Urbanística y Medioambiental, bajo la cual aparece un promotor urbanístico de Ronda. "Es una campaña de acoso impresentable", afirma Teresa Rosado.

El pasado mes de septiembre, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía impugnó ante el juez la aprobación que el Ayuntamiento de Ronda, gobernado por el andalucista Antonio Marín Lara, dio al proyecto de Los Merinos y pidió su suspensión cautelar. Según el Gobierno autónomo, los promotores no se ajustan a los condicionantes medioambientales, que les impiden urbanizar más del 25% de la finca. Los ecologistas denuncian que el complejo se comerá más del 60% y el encinar mejor conservado de la provincia de Málaga.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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