Casos urbanísticos
Murcia frena un plan investigado por el fiscal
El Gobierno de Murcia, del PP, frenará la gran recalificación que había iniciado en Lo Poyo y que estaba investigando la fiscalía. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dio el miércoles marcha atrás y anunció que no permitirá las miles de viviendas previstas en un espacio protegido del Mar Menor y que había autorizado el Ayuntamiento de Cartagena (PP). El fiscal investigaba por qué unas empresas compraron los terrenos por 213 millones si no se podía construir y si medió en la operación el presunto cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca.
La Generalitat busca construcciones ilegales
El consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Esteban González Pons, se comprometió ayer a peinar fotográficamente todos los municipios valencianos en busca de construcciones ilegales y garantizó que en cada caso exigirá el cumplimiento de la legalidad.
El alcalde de Estepona retrasa un convenio
El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), rectificó ayer y no llevará al pleno municipal de hoy el convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas. Ésta es la enésima vez que Barrientos recula a causa de polémicos convenios urbanísticos que le han causado repetidos enfrentamientos con su partido y la Junta. Este convenio afecta a suelos de la empresa Construcciones Salamanca, cuyo propietario, Emilio Rodríguez Bugallo, está en libertad bajo fianza de 500.000 euros e imputado por cohecho en el caso Malaya.-
Fraude en el registro de 150 fincas en Canarias
La Guardia Civil ha desmantelado un entramado de sociedades que al parecer registró de forma fraudulenta más de 150 fincas en Tenerife, La Gomera y La Palma, con una extensión aproximada de siete millones de metros cuadrados y un valor de casi cuatro millones de euros. Como consecuencia de esta operación, denominada Solares, ha sido detenido el ciudadano austriaco G. A. K., de 43 años, acusado de los delitos de múltiples estafas y falsedades documentales.
Retiradas competencias a un pueblo de Ávila
La Junta de Castilla y León ha retirado al Ayuntamiento de Candeleda (Ávila) las competencias de urbanismo en el caso de una promoción de cien chalés por un supuesto retraso en la tramitación municipal, según denunció ayer el alcalde de la citada localidad, Miguel Hernández, del PSOE. La urbanización está proyectada a más de un kilómetro del casco urbano de Candeleda, donde está previsto construir cien chalés. El regidor lamentó que la Junta, al retirar la competencia en el caso de esa única promoción, "haya impuesto su criterio sin respetar la autonomía municipal".
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