El propietario del club da otro 'pelotazo' con la ciudad deportiva

La operación de Mestalla está ligada a otro polémico proyecto urbanístico, en este caso en Riba-roja, a 20 kilómetros al oeste de la capital, donde el Valencia CF adquirió terreno para su nueva ciudad deportiva. Pero el proyecto del club no se limita a la instalación deportiva, sino que lleva aparejado un Programa de Actuación Integrada (PAI) que prevé la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Todo ello en unos terrenos que Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del club, compró por 36 millones y que poco después, el año pasado, vendió al grupo inmobiliario Nozar por 168 millones, una operación en la que un directivo del club ligado a la promotora actuó de mediador. El propio Soler reconoció que la operación fue "un pelotazo": ganó 130 millones.

El PAI salió adelante gracias a un pacto a tres bandas entre el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco, el propio Soler y el alcalde de Riba-roja y presidente del PP de la comarca del Camp de Túria, Francisco Tarazona. Y no sin polémica. Los grupos ecologistas pusieron el grito en el cielo y denunciaron el expolio del valle de Porxinos. El plan recibió cientos de alegaciones y se aprobó con el informe negativo de la Confederación del Júcar por falta de agua.

Al presentar el acuerdo, el 25 de abril de 2005, Blasco defendió el PAI e intentó matizar la sinceridad de Soler, que había presumido abiertamente del "pelotazo". "En Riba-roja no se ha dado ningún pelotazo. Esto nunca será consentido por la Generalitat", dijo.

Los socialistas acusaron a Blasco y al alcalde de propiciar un acuerdo ilegal y de engañar a los ciudadanos. Y recientemente han presentado una querella contra el primer edil de Riba-roja y dos sobrinos suyos, también concejales, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la aprobación del PAI: el Ayuntamiento vendió su parte del aprovechamiento urbanístico a Soler y no destinó el dinero al patrimonio público de suelo. Además, familiares del alcalde compraron suelo en la zona de expansión del plan urbanístico de Porxinos y en otros puntos cercanos antes de la aprobación de los proyectos. Durante la tramitación del plan ya salió a la luz que la madre del alcalde Tarazona era titular de cuatro parcelas en el ámbito del PAI, lo que obligó al alcalde a desgajarlas de la operación. Ello no impidió que votara a favor de la aprobación.