El Ejecutivo acepta informar del precio que paga el Guggenheim por las obras que compra

Tras una década de opacidad total, el Gobierno ha aceptado cambiar la política informativa sobre los precios que el Museo Guggenheim Bilbao paga por las obras de arte que adquiere. Todos los grupos parlamentarios, salvo EHAK, suscribieron ayer un acuerdo que establece la obligación de que el Gobierno informe sobre el precio concreto abonado por cada pieza y no las cantidades globales gastadas en cada ejercicio, como ha hecho hasta ahora. La proposición no de ley reconoce, sin embargo, que los artistas implicados puedan exigir "confidencialidad".

El Guggenheim comenzó a adquirir obras de arte para su colección antes de su inauguración del museo, en octubre de 1997. Con este fin, el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya constituyeron a partes iguales una sociedad limitada, a la que han dotado anualmente con unos seis millones de euros. Estos fondos públicos han permitido adquirir, por ejemplo, las esculturas de Richard Serra que forman la instalación La materia del tiempo y Mamá, la escultura en forma de araña de Louise Burgeois, que se puede ver en el exterior del museo. Ni la dirección del museo ni las instituciones que forman la Sociedad Tenedora, la propietaria de las obras, han accedido hasta ahora a informar sobre el precio pagado por las obras, que ya superan las 70 piezas

Los partidos de la oposición han reclamado reiteradamente transparencia informativa en los precios pagados por el Guggenheim, como hacen con normalidad otros museos en los que también participan las instituciones vascas. La última vez fue el pasado mes de febrero en el Parlamento, pero la respuesta de la consejera de Cultura, Miren Azkarate, no fue más allá de la información sobre el gasto global.

La tramitación parlamentaria de la Ley de Museos volvió a reavivar el debate sobre la opacidad de las compras del Guggenheim. La oposición utilizó las enmiendas al texto legal para reclamar los datos concretos sobre los precios. El PP propuso que la ley obligara al Gobierno a detallar el dinero pagado por cada pieza comprada por los museos en los que participa. La negociación entre el Departamento de Cultura y los grupos de la oposición derivó en un acuerdo que sacaba del texto legal la obligación de informar sobre las compras de los museos. El acuerdo se aprobará con carácter urgente como una proposición no de ley en la reunión que celebrará la Comisión de Educación y Cultura el 31 de octubre, en la que se esta previsto dictaminar el proyecto de Ley de Museos. El pacto alcanzado por el Gobierno cuenta con el visto bueno de la Diputación de Vizcaya.

La transparencia informativa, sin embargo, no será absoluta. El texto de la proposición puntualiza que "en el caso de que hubiera artistas que hayan solicitado confidencialidad respecto a las cantidades percibidas", el Gobierno sólo facilitará los precios de las obras a la ponencia constituida en el seno de la comisión parlamentaria de Educación y Cultura . Si así ocurriera, el Gobierno deberá "acreditar debidamente dicha petición de confidencialidad". El argumento utilizado hasta ahora para no divulgar los precios era precisamente la protección de los intereses de los artistas, que venden al Guggenheim a precios inferiores a lo que marca el mercado.