La justicia acorrala a Batasuna

La formación ilegalizada Batasuna, que nunca en su historia ha condenado la actividad criminal de ETA, tiene pendientes numerosas cuentas con la justicia que los tribunales están dirimiendo estos días. La Audiencia Nacional confirmó ayer el auto de procesamiento por pertenencia a la banda terrorista ETA de Arnaldo Otegi, principal líder de la coalición independentista, y otros 35 integrantes de la cúpula de Batasuna. Con esa decisión, la Audiencia Nacional da continuidad a la investigación judicial que dirigieron Baltasar Garzón y Fernando Grande-Marlaska sobre la supuesta financiación de ETA por medio del entramado de herriko tabernas controladas por la formación abertzale.

En relación con esos locales, el Tribunal Supremo, a través de su Sala Especial, decidió el pasado lunes por unanimidad ordenar a la Guardia Civil el registro de 15 herriko tabernas para inventariar sus bienes dentro de la liquidación patrimonial de la formación ilegalizada que los magistrados decidieron hace más de tres años.

Las dos decisiones judiciales han provocado la reacción de los principales partidos nacionalistas vascos, que vinculan los autos de la Audiencia Nacional y de la Sala Especial del Tribunal Supremo.

El Gobierno vasco lamentó ayer que órganos de la justicia mantengan "actuaciones del pasado". "Todavía hay órganos que siguen actuando como si aquí no hubiesen cambiado las cosas, como si no estuviésemos viviendo otros tiempos", aseguró ayer la portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate. Los dirigentes nacionalistas plantean dudas respecto a las motivaciones que han llevado al Supremo a ordenar el registro de las herriko tabernas en relación con la ilegalización de Batasuna, dictada en marzo de 2003. "Cabe la duda de si el que justo llegue esta decisión en este momento es o no una cortina de humo para intentar oscurecer, que no se vea tanto el debate de mañana en Estrasburgo", apuntó la portavoz del Gobierno vasco. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defendió la decisión adoptada por el Tribunal Supremo.