Fraudes fuera de control

El fisco tiene puesto el ojo en muchas sociedades que se dedican a traer coches de lujo a España desde Alemania. Los coches llegan y pasan en un mismo día por las manos de varias sociedades fantasma que los venden muy baratos a usuarios porque, entre tanto cambio de manos, al final no pagan el IVA.

Luchar contra esta práctica, conocida como fraude del carrusel y el de las llamadas empresas trucha, se ha convertido en una prioridad para la Agencia Tributaria en su duelo contra los delitos por impago del IVA (impuesto que grava al consumidor final de un bien). Hacienda dice no disponer de datos sobre lo que cuestan a sus arcas ambos fraudes, pero admite que investiga a decenas de empresas fantasma que nacen exclusivamente para no pagar el IVA o robárselo al Estado.

Las llamadas empresas trucha son sociedades encadenadas en grupos societarios que, bajo un mismo jefe, se utilizan unas a otras para aparentar, con facturas falsas, que realizan transmisiones de bienes sujetas al IVA. Al frente de estas sociedades, los defraudadores colocan a personas insolventes. Cuando los funcionarios de Hacienda le piden que declaren el IVA, la sociedad ha sido liquidada y el apoderado resulta ser un testaferro.

En los últimos dos años, la Agencia Tributaria ha abierto 515 expedientes (311 en 2004 y 204 en 2005) contra sociedades por fraude del IVA (la mayoría, empresas trucha). La Guardia Civil, dentro de la llamada Operación Altagracia, acaba de desmantelar una red internacional implicada en un fraude de 120 millones de euros del IVA. Ha habido seis detenidos y se han bloqueado 120 cuentas bancarias.

El fraude de las empresas trucha supone de dejar de ingresar muchos millones de euros por transaciones sujetas a ese impuesto. Sin contar la repercusión económica de estas prácticas ilegales, que rompen deslealmente el mercado con precios muy competitivos.

La fiscalía de delitos económicos de Madrid, que dirige Manuel Moix, avisó en 2004 de un fraude multimillonario en el IVA y advirtió de que, para combatirlo, había que investigarla a las empresas sospechosas en su conjunto y no de forma aislada, como se venía haciendo hasta entonces.

Tramas societarias

"Estamos ante un problema de alcance europeo derivado del hecho de que las operaciones intracomunitarias, para favorecer el libre comercio, están exentas de IVA", señalan fuentes de la Agencia Tributaria.

La proliferación de tramas societarias ha obligado a Hacienda a modificar sus criterios de investigación. Ante la dificultad de desenmascararlas, la estrategia ahora del fisco es la preventiva. Evitar que se constituyan empresas vacías de capital y sin infraestructura. Para ello, se están mirando con lupa todas las empresas que piden inscribirse en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), imprescindible para realizar operaciones comerciales con otros países europeos.

Si pese a todo una empresa logra inscribirse, el segundo frente es la represión penal. Desinstrumentalizarlas, soslayar a los testaferros y llegar hasta los auténticos dueños es el objetivo. Además de la trama antes citada, Hacienda acaba de desenmarañar otra importante red de fraude del IVA que afecta a 15 empresas trucha, encabezadas por las firmas Inporcase Tradey Kineasto, que tenían conexiones con sociedades británicas.

Es en las operaciones intracomunitarias -que están exentas de IVA- donde más actúan las empresas trucha y también el marco en el que se mueve el fraude del carrusel.

Esta última práctica es aún más grave, pues supone un claro robo a las arcas del Estado, y es el que están haciendo las empresas trucha basándose en que las operaciones intracomunitarias están exentas de IVA.

Estas empresas simulan comerciar entre ellas y repercutirse el IVA unas a otras. Luego aparentar venden a un país europeo los mismos artículos -ordenadores, teléfonos móviles, entre otros productos.- que se trasvasan entre ellas y reclaman a Hacienda el IVA que -mintiendo- dicen haber soportado. Esta práctica es habitual en la importación de coches desde países europeos.

En el primer semestre de este año 13.000 sociedades han pedido inscribirse en el Registro de Operadores Intracomunitario, necesario para operar en la Unión Europea. Según Hacienda, a 1.800 de esas 13.000 han sido vetadas porque no acreditaron una mínima actividad económica (muchas son firmas fantasma).