Del robaperas a la corrupción
Antaño, la Guardia Civil caminera perseguía a desgraciados robaperas y salteadores de gallineros. Hogaño, los robaperas y salteadores de gallineros, delinquen en Rolls Royce, viven en inaccesibles y elegantes mansiones, se protegen con pretorianos y leguleyos, sientan en su mesa a concejales, alcaldes y aun a cargos de mayor enjundia y bocamanga laureada, y los untan, llegado el caso, con bolsas de basura, maletines o cuentas en exóticos paraísos, migajas, en fin, de los nuevos epulones, no para los hambrientos, sino para los vendidos y los bandidos. Y es que a tales individuos no les interesan los frutales, ni las aves de corral, ni el paisaje, ni el medio ambiente, ni todas esas garambainas: les interesan los terrenos, las viejas casas rurales, las cañadas, el suelo de los bosques de árboles centenarios y especies protegidas, todo cuando pueda ser PAI, con la varita mágica de la recalificación y la argucia, o finca de recreo y ostentación, donde antes se levantaba una modesta barraca de aperos. A ver si la brutal y arbitraria destrucción de este país la detienen la conciencia de los pueblos, los grupos de ciudadanos responsables, los partidos políticos progresistas y de izquierda, y la anunciada Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de sus Equipos Especializados en Delitos Urbanísticos. El trabajo es urgente. Y el espectáculo, democráticamente denigrante. El espectáculo, verbi gratia, que se montó en las Cortes Valencianas, donde el PP y el PSPV se lanzaron "acusaciones sobre los intereses urbanísticos de los alcaldes de sus respectivos partidos". Señorías, en llegando a este punto, juéguenselo a las porras, que tanto da, si no ponen fin, unos y otros, y todos, a tamaño estrago. Nada fácil, si continua creciendo esa mafia del ladrillo, como la ha calificado, con toda precisión, Gaspar Llamazares. Mafia que actúa "con una total sensación de impunidad, con hechos consumados a los que la Administración siempre llega tarde". Por eso, cuando Joan Ignasi Pla, en Alicante, manifestó que ni desautorizaba ni avalaba la gestión urbanística del alcalde de Catral, pero que estudiaba la posibilidad de sancionar al regidor, una vez conocidas las circunstancias y en posesión de todos los datos referentes a la presunta infracción, estaba sentando una norma de higiene y disciplina urbanísticas, que probablemente tendría que aplicar a otros regidores de su formación. Y si el PP hiciera lo propio, lo que resulta harto dudoso, y más laborioso, qué paso tan plausible el de nuestra autonomía, para erradicar tantos intereses espurios, tanta especulación obscena y tanto saqueo de nuestro común patrimonio. Y es que la corrupción que invade ciudades y pueblos, montes y campos, playas y costas, ha llegado ya a un grado de saturación insoportable, y su hedor delata las covachuelas y los yates donde se siguen urdiendo tan execrables prácticas. Si esto continúa así, un día el País valenciano se acostará en su casa y se levantará en un campo de golf.
