Más residencias, pero no accesibles a las clases medias

Entre los años 2003 y 2005, el Gobierno de la Generalitat ha creado más de 3.200 nuevas plazas residenciales para ancianos, que sumaban a finales del año pasado 52.603 (entre públicas y concertadas). El notable incremento, sin embargo, es insuficiente porque el número de ancianos ha crecido en estos años a un ritmo más acelerado. El resultado es que la ratio (número de plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años) apenas se ha ampliado desde 2003: de 4,39 plazas se ha pasado a 4,56, tasa que se sitúa por encima de la media española, pero por debajo de la europea, de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años.

Cerca de un millar de personas esperaban a principios de año acceder a una plaza residencial. La escasez de plazas públicas limita su acceso a las personas con rentas extremadamente bajas y excluye a las clases medias, un problema que el Gobierno tripartito quiso solventar con la Ley de Servicios Sociales, que convertiría las prestaciones sociales en un derecho universal. El proyecto de ley, sin embargo, no pudo tramitarse antes de acabar la legislatura porque CiU pidió ampliar el periodo de enmiendas.