Embargo por una deuda de 3,5 millones de 1987

Antes de que finalice 2006, el consistorio se enfrentará a una subasta de fincas municipales tras un embargo derivado de una nueva sentencia judicial firme. El motivo es una deuda de más de 3,5 millones de euros arrastrada desde febrero de 1987 con la constructora malagueña Guamar S.A., que realizó unas obras para el consistorio en tiempos del alcalde socialista Alfonso Cañas. Desde entonces, el impago que ascendía a 1,2 millones (203 millones de pesetas) se ha multiplicado por tres debido a los intereses y costas de casi dos décadas.

"Ninguno de los cuatro alcaldes mostró predisposición para acceder al pago de la deuda. Ni siquiera venían a cuento las falsas promesas", relata Rodolfo Mateo, apoderado de la constructora, que se reunió sin éxito con los ex alcaldes Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe. A pesar de las apelaciones en los tribunales del consistorio, una sentencia firme forzó la subasta de parcelas municipales prevista para la pasada primavera, pero ésta tuvo que ser suspendida debido a que las fincas estaban edificadas, y se repetirá antes de las próximas Navidades.

"Al menos la gestora nos ha escuchado y la intención parece que ha cambiado algo, a pesar de que la financiación está aún peor", comenta Mateo sobre una de las deudas más antiguas que mantiene el Ayuntamiento, que en la actualidad debe unos 150 millones a empresas privadas y alrededor de 300 millones a instituciones públicas.