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Los escándalos urbanísticos

El PSOE denunciará los dos negocios urbanísticos de los tíos de Aguirre

Los Gil de Biedma ganaron más de 10 millones en dos operaciones en la Comunidad de Madrid

La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, anunció ayer que su partido entregará en la Fiscalía Anticorrupción los datos que posee sobre los dos pelotazos que ha dado en esta región la familia materna de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Los Gil de Biedma ganaron más de ocho millones en Tres Cantos en menos de tres de años tras la compra de terrenos rústicos que fueron recalificados. Y en Villanueva de la Cañada tuvieron dos millones de plusvalía en seis años, tras desbloquear el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, la urbanización de suelo de los Gil de Biedma y de él mismo.

La gota que ha acabado de contaminar de sospechas el Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos, municipio al norte de la comunidad madrileña que posibilitó la revalorización de los terrenos de los Gil de Biedma y Vega de Seoane, tíos maternos de Aguirre, ha sido la difusión ayer por este diario de las sospechas de corrupción en torno a la adjudicación de la gestión de ese proyecto urbanístico a FCC. El ex concejal del PP Antonio Reina, que entonces formaba parte del equipo de gobierno, reconocía en una grabación que ese contrato para gestionar un negocio de 300.000 millones acarrearía comisiones para los concejales que lo aprobaban y él quería formar parte del reparto. "De los 30.000 millones, yo quiero mi 11%. Tú me das la pasta y yo me piro".

Cacho de tarta

Porta interpreta que el ex edil del PP pedía "cacho en la tarta". En la medida que este concejal proclamaba que en este asunto turbio de comisiones tenía que estar el ex secretario general del PP Ricardo Romero de Tejada, el actual segundo teniente de alcalde de Pozuelo, Mario Utrilla, y "la otra", Porta ha exigido a Aguirre que aclare "quién es la otra, habida cuenta de las múltiples propiedades y pelotazos protagonizados por familiares en varios grados de la señora Aguirre".

En todo caso, la portavoz adjunta planteó que, "sea o no Aguirre la otra, debe dar una doble explicación, como presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid, más aún cuando está siendo perseguida por las cintas desde Majadahonda [se aludía en una reunión de ediles a supuestas directrices inmobiliarias de la presidenta] hasta Tres Cantos y siempre con conversaciones más propias de clanes mafiosos que de miembros de un partido político que gobierna esta comunidad". Porta también reclamó que se informe con detalle sobre si la salida del edil del Ayuntamiento de Tres Cantos mientras reclamaba una comisión por votar el contrato "se produce como consecuencia del pago". "En la grabación queda meridianamente clara la afirmación: si me pagan me voy y me callo. Y se fue y se calló", señaló Porta.

Por su parte, el portavoz socialista en el Parlamento regional, Rafael Simancas, proclamó ayer que "la Comunidad de Madrid necesita un gran compromiso institucional y político para hacer del urbanismo una herramienta al servicio de los ciudadanos y para acabar con el sumidero de irregularidades y escándalos que sufrimos en las últimas fechas".

Un ejército de inspectores

Simancas aseguró que, amén de una nueva Ley del Suelo que combata eficazmente la especulación urbanística y potencie la construcción de la vivienda protegida, es necesario "un ejército de más de un centenar de inspectores que vele por la disciplina y la limpieza urbanística, ya que los cuatro funcionarios que existen ahora no bastarían ni para [la localidad de] Majadahonda".

Simancas recordó que su partido ha exigido que se investiguen todos los planeamientos de la región donde ha intervenido el ex director general de Urbanismo Enrique Porto, dimitido tras destapar este diario un pelotazo de él con sus socios de 4,3 millones de euros en un plan que desbloqueó personalmente con el criterio en contra de sus técnicos. Esto incluiría, por tanto, el municipio de Ciempozuelos, cuyo planeamiento fue realizado primero por Porto, contratado por el PP, y que subrrogó en Plarquin, empresa con la que mantenía notables vínculos, tras su nombramiento. En este municipio ha saltado un escándalo en el que están implicados dos ex alcaldes del PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de octubre de 2006