El PSOE presentará el lunes una propuesta al PP para acabar con la corrupción urbanística

El secretario de organización del PSOE, José Blanco, ha anunciado hoy que el próximo lunes trasladará una propuesta al PP de "tolerancia cero" con todos los cargos públicos "salpicados en algún tipo de escándalo urbanístico". En declaraciones a los periodistas, Blanco, que no ha detallado el contenido de la propuesta, ha emplazado al PP abandonar "la protección" que mantiene hacia aquellos cargos que, aún estando imputados, continúan en sus puestos, una situación que "no se puede consentir".

El dirigente socialista ha indicado que la situación que está "floreciendo" en los últimos días se produce "como consecuencia de un urbanismo salvaje, alimentado durante los años del gobierno del PP a partir de la modificación de la ley de suelo". A su juicio, durante las dos legislaturas que gobernó el PP se desarrolló en España "un urbanismo salvaje en el que las administraciones y los responsables miraban hacia otra parte a la hora de controlar este tipo de situaciones".

Más medios para descubrir fraudes

Blanco ha subrayado que se había "vaciado" de contenido la Fiscalía Anticorrupción y que las unidades especiales de la Guardia Civil para combatir el fraude, la especulación y la corrupción "habían disminuido", por lo que el Estado había quedado "más débil" para hacer frente "a la especulación. Frente a esta situación, ha advertido, el Gobierno socialista ha anunciado su decisión "inequívoca" de aplicar una política de tolerancia cero con estas prácticas, ha dotado de más medios a la Fiscalía Anticorrupción, "y ha creado una fiscalía especial para combatir el delito medioambiental y urbanístico".

En su opinión, la gestión del Gobierno y el incremento de los efectivos de la Guardia Civil dedicados a combatir la especulación urbanística ha permitido que salieran a la luz casos como los de Marbella o Ciempozuelos. La secretaria ejecutiva de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, antes de un encuentro con dirigentes de colectivos inmigrantes en Alicante, ha sido preguntada por supuestos delitos urbanísticos en localidades como Orihuela, donde el alcalde, José Manuel Medina (PP), está imputado por un delito contra la ordenación del territorio.

Pastor ha subrayado que "los casos" que conoce "en estos momentos de personas que hayan ingresado en prisión o presentado la dimisión son del PSOE". "Por eso, lo que le pediría al PSOE, como lo pide mi partido a nivel nacional, es que cuando hable de especulación, de esa política urbanística a la que hace referencia, se mire a sí mismo y explique a los ciudadanos por qué personas del PSOE han tenido que ingresar en prisión por delitos urbanísticos", ha declarado. Por el contrario, Pastor ha asegurado que el PP actúa "por el interés general" y que su partido trabaja en la Comunidad Valenciana "por que esta sociedad vaya cada vez mejor en todas sus políticas, incluida la urbanística".

Las críticas de Llamazares

Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha dicho que "el Gobierno está actuando de forma timorata en relación al globo especulativo" de la actividad urbanística y le ha pedido que abandere un pacto contra la corrupción urbanística. En rueda de prensa, Llamazares ha manifestado que "el Gobierno debe tomar cartas en el asunto y no debe mirar para otro lado ni temer pinchar el globo de la especulación".

En este sentido, ha invitado al Ejecutivo a "adoptar medidas de tolerancia cero frente a la especulación y la corrupción" urbanística, pues ya no es un problema aislado que se localiza en Marbella, sino que "se extiende" y se corre el peligro de que "degrade y corrompa la actividad política y la democracia". En declaraciones a la cadena SER, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, ha instado a jueces y fiscales a intervenir de inmediato. Gallego ha solicitado además medidas preventivas que puedan evitar casos como los conocidos las últimas semanas. Para Gallego, hay que pasar de las palabras a los hechos, algo que implica la expulsión de los organismos públicos de todas las personas implicadas.