La FEMP plantea un acuerdo que evite poner a todos los ayuntamientos "bajo sospecha de corrupción"

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene intención de dirigirse a los partidos políticos, Gobierno central y comunidades autónomas para, entre todos, hacer propuestas que eviten que todos los ayuntamientos y sus ediles estén "bajo sospecha" o "en el centro de la diana" por el hecho de que en algunos consistorios puntuales se han dado situaciones de corrupción, en ámbitos como el urbanismo, casos que, según la federación, nunca va a "amparar ni apoyar", sino que defenderá que actúe la justicia con la máxima rapidez.

De esta manera se pronunciaron ayer el presidente de la FEMP y alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego (PSOE), y la vicepresidenta y alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), tras la celebración de una reunión de la Comisión Ejecutiva de la federación en el Ayuntamiento de Sevilla. Heliodoro Gallego, que señaló que se ha llevado a cabo un amplio debate sobre este asunto, quiso dejar claro que la FEMP se va a pronunciar contundentemente en contra de cualquier comportamiento corrupto o delictivo en las instituciones locales y, en modo alguno, va a amparar a aquellos "que metan la mano" en un ayuntamientos u otro organismo de carácter municipal.

"No vamos a amparar comportamientos corruptos ni delictivos ni a la gente que se aproveche personalmente de la actividad municipal", sentenció Gallego, quien agregó que lo que no puede ocurrir es que, ante casos puntuales, se intente poner "bajo sospecha o en el centro de la diana" a todos los ayuntamientos y se deteriore el buen nombre de muchos alcaldes y concejales que trabajan por sus ciudades "metiéndolos a todos en el mismo saco", lo que supone, a su entender, "debilitar" el municipalismo y la democracia.

Gallego señaló que la FEMP no puede permanecer impasible ante situaciones de "denuncias falsas o sospechas infundadas" contra algún edil que no tenga la "culpa" de nada, una estrategia que sólo "ocasiona daño y deterioro a los ayuntamientos".

Algunas de las medidas que se podrían adoptar, en su opinión, podrían ser modificaciones legales, como en la Ley del Suelo, apuntando que las competencias urbanísticas se comparten entre la administración local y autonómica. Por su parte, Rosa Aguilar mostró su preocupación por que se pretenda situar "bajo sospecha" a todos los ayuntamientos en relación con el urbanismo y, como consecuencia de ello, se les "quiten" las competencias urbanísticas desde la comunidad autónoma, una posibilidad que sí se contempla en la ley andaluza sobre vivienda protegida y suelo.