El Ayuntamiento de Castellón ahorró a Lubasa 775.856 euros en impuestos

El Ayuntamiento de Castellón ahorró al grupo Lubasa un total de 775.856 euros, entre 2001 y 2006, al permitirle una deducción en la liquidación del impuesto de construcciones y la tasa urbanística. Tal como se desprende de los expedientes remitidos por el propio equipo de gobierno del PP, el Ayuntamiento, tras la denunciada realizada por el grupo municipal socialista, ha decidido revisar todos los casos detectados y reclamar la cantidad al grupo. La doble vara para cobrar estos impuestos fue desvelada por los socialistas que, además alegaron un trato de favor a la empresa.

El Ayuntamiento, en boca de su concejal de Urbanismo, Javier Moliner, negó rotundamente la existencia de dicho trato de favor e, incluso, insistió en que la deducción en la liquidación no se permitía sólo a las empresas del grupo Lubasa sino también a algunas otras y llegó a nombrar a BP e Iberdrola. Sin embargo, del estudio de las liquidaciones de estos impuestos se deduce que las únicas empresas que han gozado de esta bonificación han sido las pertenecientes al citado grupo promotor y constructor.

Ayer, después de comprobar que, tras la denuncia pública, el Ayuntamiento revisará todos estos pagos y reclamará a la empresa los 775.856 euros, el portavoz adjunto socialista, Miguel Alcalde, mostró su satisfacción: "Nuestra ciudad va a ser un poco más justa". El concejal socialista acusó además al alcalde de "estar implicado directamente en todos los expedientes". "Alberto Fabra, o era concejal de Urbanismo o alcalde de la ciudad y máximo responsable de este atropello, en el beneficio concreto a la empresa Lubasa", dijo.

Por su parte, la responsable socialista de Hacienda, Josefina Gimeno, manifestó que de los once expedientes detectados y tramitados, "ya se han resuelto un total de nueve". Según apuntó, la constructora ha tenido un plazo para presentar alegaciones tras la apertura de los expedientes presentados por el Ayuntamiento en los que se recogían las cantidades adeudadas y que debe ingresar. Según explicó Gimeno, "tras rechazar estas alegaciones, Lubasa tiene un mes para presentar un recurso de reposición y parece ser que la empresa ha anunciado que irá a los tribunales".

El grupo socialista denunció el pasado junio que el PP había permitido a la sociedad matriz y todas sus filiales un pago "irregular" que incumplía dos ordenanzas fiscales, las referentes al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos. En concreto, la bonificación permitía que la empresa pagara entre un 30% y un 40% menos, que el resto de empresas o personas que solicitan una licencia de obras y que tributan en concepto de este impuesto y tasa.

Tras la revisión de los expedientes, Miguel Alcalde, calificó de "indignante" que el PP "se atreva ahora a presumir de haber iniciado estas revisiones, ya que, después de denunciarla, siguieron defendiéndola y negándose a exigir a Lubasa el pago total de los impuestos".