Barberá acelera la operación de Mestalla tras presentar un recurso los socialistas

El convenio firmado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente del Valencia CF, Juan Soler, para edificar en Mestalla y construir un nuevo estadio en terreno municipal de la avenida de Cortes Valencianas no justifica el interés general de la operación urbanística ni la necesidad de permutar suelo público, según el recurso presentado por el grupo municipal socialista contra el acuerdo, que califica de "supuesto de desviación de poder" en beneficio privado. Barberá acelera la operación y el lunes aprobará exponer el plan de Mestalla y recalificar el suelo del nuevo estadio.

El convenio no especifica qué suelo recibirá Valencia por ceder otro público

El acuerdo sellado entre la alcaldesa y el promotor el 20 de diciembre de 2005 supuso una pieza más en el puzle urbanístico ideado por el presidente del Valencia CF para sanear las cuentas del club. Con el convenio, Soler logró de Barberá el compromiso de que se recalificaría Mestalla para construir viviendas, y también un solar municipal para el nuevo estadio -con otra recalificación-, a cambio de permutarlo por suelo equivalente sin especificar en otras zonas de la ciudad. Una operación redonda para el club, pero que lesionaría los intereses patrimoniales de los ciudadanos de Valencia, denunció entonces Rubio, que ha recurrido con otros dos concejales socialistas el convenio.

La respuesta del gobierno popular del PP no se ha hecho esperar. El próximo lunes, según el orden del día de la comisión de urbanismo, el PP aprobará sacar a información pública el nuevo planeamiento de Mestalla, que será desarrollado en "gestión directa" por la empresa pública Aumsa. La operación se ha acelerado en los últimos días, ya que el Valencia CF presentó su proyecto definitivo hace dos días. Según fuentes municipales, con el encargo de urbanizar el suelo de Mestalla a Aumsa la operación evita sacar la obra a concurso público, si bien la entidad municipal también puede convocarlo. Además, el lunes, la comisión aprobará, previsiblemente, recalificar el suelo de Cortes Valencianas para convertirlo en deportivo privado y compensar la pérdida de terreno dotacional público con dos parcelas de huerta en Campanar y Ciudad Fallera, según las mismas fuentes.

Los trámites se aligeran mientras un juzgado de lo contencioso-administrativo analiza desde el 18 de septiembre el recurso socialista, que basa su rechazo a la operación en la falta de justificación del provecho para el interés general "Al no justificarse en ningún momento la mejora y conveniencia de lo pactado para el interés general y el bienestar de la población, y beneficiarse únicamente a la mercantil [el Valencia CF]", no se cumple con las condiciones legales para modificar el plan general urbano y recalificar el suelo, dice el recurso, que subraya la paradoja de que en 2004 Barberá y Soler, junto a la Generalitat, firmaran un primer protocolo de intenciones en el que se mantenía la titularidad pública del suelo del nuevo estadio, condición a la que renunció el Ayuntamiento en el convenio final al dejar en manos del club la parcela. El convenio también forzó la necesidad de recalificar el suelo público de Cortes Valencianas para permitir un uso comercial, alega el recurso -Soler ha renunciado a tener terciario-.

La permuta de la operación tampoco cumple con la normativa de bienes de entidades locales y la del patrimonio municipal del suelo, según el recurso. La enajenación de propiedades municipales debe realizarse, por regla general, mediante subasta, y en caso de recurrir a la permuta la normativa exige que "se tramite previamente el oportuno expediente que acredite la necesidad de efectuarla". Además, la diferencia entre los bienes que se permutan no debe ser superior al 40% de la parte que más valor tenga. Ni el expediente sobre la necesidad de la permuta ni la valoración del suelo que se intercambia figuran en el expediente. "Necesidad para el Ayuntamiento, para la colectividad, no pudiéndose confundir" con la "conveniencia para los intereses de una mercantil", especifica el recurso. Como motivación de la permuta, el convenio sólo cita la posibilidad de que el Ayuntamiento use el nuevo estadio para "grandes eventos" y sea compensado con una superficie equivalente de suelo que no se especifica ni garantiza. Por todo ello, los socialistas defienden que el convenio responde a "un supuesto de desviación de poder" que debe corregirse "en vía judicial".