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La campaña electoral en Cataluña

Saura juzga "xenófoba" la propuesta de CiU sobre inmigración

El líder de ICV insta a Montilla a que desmienta el pacto CiU-PSOE

Una "barbaridad descomunal y denigrante" que incita a la "xenofobia" y recuerda a la "época feudal". Así de tajante se expresó ayer el candidato de Iniciativa Verds-Esquerra Unida (ICV-EUiA), Joan Saura, sobre la propuesta de Artur Mas en materia de inmigración, que fija un sistema de puntos para medir la integración de los inmigrantes y les ofrece "estímulos" para facilitar la obtención de los permisos de residencia.

En Girona y ante casi 200 militantes, Saura, que no ocultó su indignación con el plan de la federación nacionalista, pidió al líder de CiU que lo retire inmediatamente pues, en su opinión, generará "alarma social". "Mas está absolutamente a la derecha de Acebes y Zaplana", aseguró Saura, que arremetió con dureza contra el candidato nacionalista. "No puede ser que en Cataluña se necesiten carnets por puntos para vivir", concluyó.

El líder ecosocialista presentó a su partido como la "garantía" del despliegue completo del Estatuto, frente a ERC que votó en contra; CiU, a la que nunca le gustó el título de Derechos y Deberes, y el PSC, que no desmiente su "supeditación" al PSOE. Tras aplaudir el trabajo parlamentario del número uno de la candidatura de ICV-EUiA en Girona, Joan Boada, y del diputado Lluís Postigo, Saura alabó la labor del Gobierno de izquierdas en los 1.000 días de su existencia, apostó por una prolongación de la alianza tripartita e instó al candidato socialista, José Montilla, a negar la existencia del supuesto pacto entre Mas y el presidente Rodríguez Zapatero y a rechazar abiertamente un pacto sociovergente.

Propuestas estrella

Por la mañana, la coalición rojiverde desveló en Barcelona las propuestas estrella de su programa electoral en materia de acceso a la vivienda, en especial dirigidas a los jóvenes. Un plan de choque que consiste en construir 100.000 pisos de protección oficial en la próxima legislatura, la mitad de los cuales estarán destinados al alquiler; dedicar 100 millones de euros a la compra de terreno para la vivienda pública; establecer un sistema de aval público, dotado con dos millones, para los contratos de alquiler, e incrementar el gasto de la Administración en vivienda subvencionada hasta alcanzar el 1,5% del PIB (3.500 millones) en el año 2015.

El líder de la coalición desgranó estas propuestas, llamó a las promotoras a la "responsabilidad social" y avisó de que las políticas de vivienda no se pueden dejar únicamente en manos del mercado y de la "especulación" inmobiliaria. Saura recordó que el Gobierno de izquierdas ya ha firmado convenios en este sentido con 130 ayuntamientos.

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