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Los fiscales intensifican sus peticiones de demolición de las construcciones ilegales

El coordinador regional destaca que debe haber "obligación de tirar" las viviendas irregulares

Ante una construcción ilegal, demolición. Ésta es la tesis que están defendiendo los fiscales andaluces especializados en Medio Ambiente en los casos de las viviendas ilegales que llegan a los juzgados. El coordinador regional de los fiscales medioambientales, Luis Carlos Rodríguez León, destaca que el ministerio público está intensificando sus peticiones de demolición en las ocho provincias, aunque hasta la fecha los jueces no están siendo excesivamente receptivos a adoptar tan drástica decisión. "La obligación debe ser tirar la vivienda", afirma Rodríguez León.

Una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desde enero de 2005 ha detectado 3.343 construcciones ilegales en Andalucía (12.832 en el conjunto de España). Estas construcciones se encuentran en zonas rurales o del litoral y suelen ser levantadas en la mitad de la nada.

Con el paso del tiempo, estas edificaciones se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los ayuntamientos, que están en plena fase de revisión de sus planes urbanísticos y que contemplan cómo estas construcciones suponen un problema para ordenar su territorio. De hecho, buena parte de los casos detectados por el Instituto Armado tienen su origen en las denuncias presentadas por los ayuntamientos.

La coordinación de ayuntamientos, Junta de Andalucía, fiscalía y Guardia Civil está siendo fundamental para poner coto a este fenómeno, que se extiende a lo ancho y largo de toda España.

Ante una construcción ilegal, ya sea una una vivienda aislada en una finca o varias casas en una urbanización, es de aplicación el artículo 319 del Código Penal, que recoge el delito contra la ordenación del territorio.

Este artículo establece penas de entre dos seis meses y tres años de cárcel para quien construya ilegalmente en zonas con especial protección (terrenos con alto valor medioambiental, paisajístico, histórico o cultural) y de entre seis meses y dos años para quien lo haga en terreno no urbanizable. Además, el tercer punto de este artículo añade: "En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra (...)".

Y si bien los dos primeros puntos de este artículo se están aplicando, el tercero está siendo ordenado por los jueces con cuentagotas. Rodríguez León destaca que son muy pocas las condenas por este delito, apenas el 10%, que ordenan la demolición de estas construcciones, algo que, en su opinión, debe cambiar. Según el fiscal coordinador de Medio Ambiente, la mayoría de las sentencias por este asunto termina con una multa y una condena de unos dos años cárcel que el infractor no cumple porque no suele tener antecedentes penales. "No se repara el daño causado, los infractores pagan la multa y se quedan con la casa. Al final asumen la multa como un coste de edificación más", afirma el fiscal.

Rodríguez León sostiene que de esta manera se envía el mensaje equivocado de que, pese a la irregularidad, las casas van a seguir en pie y que esta situación debe corregirse a través de las decisiones judiciales mediante el aumento de las órdenes de demolición. "La obligación es tirar las viviendas", asegura Rodríguez León, que cuenta con dos fiscales especializados en Medio Ambiente por provincia.

Cortes de luz y agua

Los fiscales, además de presionar con las peticiones de demolición, también están solicitando medidas cautelares que disuadan a los promotores de estas viviendas ilegales. Así, piden a los jueces que ordenen el corte del suministro de luz, agua o electricidad a estas viviendas cuando se inicia un procedimiento judicial.

Y es que una de las cuestiones que ha sacado a la luz la investigación es que en muchas ocasiones, los propietarios hacen enganches ilegales al servicio eléctrico, obtienen agua de pozos, con el consiguiente expolio para los acuíferos de la comunidad y generan vertederos en los que no se recoge la basura.

Aviso de Chamizo en 2000

En 2000, el Defensor del Pueblo andaluz realizó un informe especial titulado Las urbanizaciones ilegales en Andalucía, en el que ya alertaba de la magnitud del problema de las construcciones ilegales. En ese informe, la institución que dirige José Chamizo calculaba que en la comunidad había 1.732 urbanizaciones ilegales.

El documento señalaba a los ayuntamientos de forma clara. "Los ayuntamientos han sido corresponsables de esta situación, tanto por omisión, al no haber ejercido sus acciones cuanto tenían como referente un plan parcial aprobado, como por acción, al haber otorgado licencias de obra indebidamente". El informe destacaba "la pasividad de los poderes públicos, especialmente los ayuntamientos" para atajar este problema. Y acusaba a estos poderes de pasividad, desidia e ineficacia.

Desde la oficina del Defensor señalaban ayer que este informe estaba centrado en las urbanizaciones ilegales, mientras que lo que la Guardia Civil ha puesto ahora de manifiesto son los casos de "viviendas aisladas" en la mitad del campo, construidas en buena parte de los casos por los propietarios. Según el defensor, las urbanizaciones han sufrido un parón claro en los últimos años, mientras que la construcción de viviendas aisladas ha crecido de forma espectacular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de octubre de 2006

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