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Proceso contra la corrupción en Marbella

La Policía requisó más de 4 millones en metálico en 13 registros de la primera Operación Malaya

La suma del dinero bloqueado en cuentas bancarias permanece bajo secreto del sumario

Javier Martín-Arroyo

La Policía requisó más de cuatro millones de euros en metálico (más de 682 millones de las antiguas pesetas) en 13 de los registros realizados durante la primera fase de la Operación Malaya. Entre el dinero intervenido, que no incluye las sumas de las múltiples cuentas bancarias bloqueadas, destacan los dos millones incautados por la Unidad de Prevención contra el Blanqueo de la Policía en un solo día, 350.000 euros intervenidos en una finca de Las Rozas en Madrid, y 871.000 euros intervenidos durante el registro policial en el despacho del gabinete jurídico Sánchez-Zubizarreta-Soriano Pastor.

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Las unidades de la Policía en la lucha contra el blanqueo de capitales de Madrid y la Costa del Sol ingresaron en sólo 21 días de los pasados marzo y abril un total de 4.110.000 euros encontrados en bolsas y cajas fuertes en una cuenta de depósitos y consignaciones. La abultada suma fue fruto de los intensos registros que sucedieron a las primeras detenciones de la Operación Malaya desde finales de marzo. La Policía registró numerosos inmuebles en Madrid, como la finca El Pajar Blanco, propiedad de la sociedad Muferfi, y el bufete de abogados Sánchez-Zubizarreta-Soriano Pastor, que según los investigadores era el encargado de encubrir el entramado societario del supuesto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Tras trece registros, la cuenta disponía de más de 4 millones tras un incesante goteo de billetes.

El entramado de empresas creado por Roca sostenía una ingeniería financiera cuyo dinero en metálico intervenido por los agentes supone sólo una mínima parte del capital afectado por la operación policial. La suma del dinero bloqueado en las cuentas bancarias aún debe ser contabilizado, o por el contrario está incluido en la parte del sumario que el juez Torres mantiene bajo secreto (aproximadamente el 60%).

Al margen de dicho dinero, entre las empresas perjudicadas por la paralización económica que ha supuesto la operación policial figura la sociedad murciana Azuche 88 SL. Esta empresa esperaba cobrar el pasado abril más de nueve millones (9.138.426 euros) por trabajos realizados a las sociedades Condeor y Compañía Inmobiliaria Masdevallia SL, ambas controladas por Roca, y a raíz de la intervención judicial dicha deuda no pudo ser cobrada. Por ello, solicitaron al juez instructor el desbloqueo de las cuentas de ambas sociedades para hacer frente a estos impagos: "La situación angustiosa de nuestra sociedad requiere medidas que impida la ruina total de muchas empresas y familias de la región de Murcia", rezaba el escrito dirigido al magistrado.

Mientras, el bufete jurídico que encubría el entramado societario de Roca insistía ante el juez acerca de la devolución de los 800.000 euros intervenidos debido a su procedencia "lícita", el jefe de seguridad de Roca, Jaime Hachuel, solicitó el desbloqueo de cuentas de la empresa de decoración Esmevi SL que comparte con su hermana y su cuñado, debido al impago a proveedores que afrontaba. El abogado de Hachuel dirigió un escrito al juez para denunciar la situación de su defendido. "Situación de absoluta angustia, viviendo ya por casi dos meses de la caridad familiar", según el letrado, que asegura que el ex jefe de seguridad no puede afrontar los gastos corrientes de su domicilio.

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Ex concejal en libertad

Por otra parte, el juez instructor decretó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 50.000 euros para la ex concejal del Partido Andalucista, Maria José Lanzat, que estaba previsto abandonara la prisión de Málaga anoche tras hacer efectivo el pago. Lanzat, imputada por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, estaba en prisión desde el 29 de junio tras su detención. El juez basó su auto de prisión en su día en que la ex edil, abogada y ex delegada de Turismo y Deportes de la Junta, pudiera destruir alguna prueba de relevancia para la investigación.

Aún permanecen en prisión nueve imputados por la trama, entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz y el ex edil Tomás Reñones.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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