La renovación de consejeros de las cajas depende del acuerdo sobre la ley electoral

El Partido Popular vincula la renovación de los consejeros generales de las cajas de ahorro que debe elegir la Generalitat, que exige el acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados de las Cortes Valencianas, a un acuerdo sobre la nueva ley electoral, cuyo debate en pleno arranca hoy, y que requiere el respaldo de dos tercios de los diputados. Los socialistas rechazan la última propuesta del PP e invocan un acuerdo cerrado a principios de la legislatura que garantizaba a cada partido una presencia proporcional en los órganos de las entidades financieras.

Eduardo Zaplana, entonces presidente del Consell, impuso a finales de 2001 a todos los representantes de la Generalitat en la asamblea de las dos grandes cajas de ahorro valencianas que ahora están sujetos a renovación. Las Cortes refrendaron por mayoría absoluta a un grupo de consejeros que eran simultáneamente afines al PP y a la persona de su presidente.

Entre ellos se cuentan Antonio Tirado, Manuel Escámez o Rafael Ferrando, vicepresidente y vocales del consejo de Bancaja; o Francisco Javier Guillamón, Armando Sala o Francisco Grau, vicepresidentes y secretario del consejo de la CAM.

El 17 de noviembre es la fecha límite para renovar a los representantes de la Generalitat en Bancaja. La fecha límite para la CAM es el 16 de diciembre, pero todo apunta a que la votación en las Cortes será conjunta.

La ley no exige mayorías cualificadas para renovar a los representantes de la Administración en las cajas de ahorro, pero Gerardo Camps, consejero de Hacienda, y Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, alcanzaron un acuerdo a principios de la legislatura para garantizar que los representantes de la Generalitat en los órganos de gobierno de las entidades financieras se elegirían guardando la proporcionalidad de los grupos políticos en las Cortes.

Serafín Castellano, portavoz del PP en las Cortes, anticipó a principios del verano que negociaría en paquete la modificación de la ley electoral, que requiere mayoría cualificada porque deriva del nuevo Estatut que exige ese respaldo para retocar normas de cierta envergadura, la renovación del Síndic de Greuges, que también requiere mayoría cualificada, y la renovación de las cajas.

Antoni Such, portavoz del PSPV, afirmó ayer que el "asunto aún no está formalmente sobre la mesa" pero avanzó que los socialistas rechazan abordar los tres asuntos en un sólo paquete. Según Such, la renovación del Síndic de Greuges no debería plantear mayor problema y, por otro lado, aún está vigente el acuerdo para garantizar la proporcionalidad de la representación política en las asambleas de las cajas. Respecto a la modificación de la ley electoral, finalmente, bromeó: "¿Pretenden que aceptemos mantener la barrera electoral del 5% del censo para acceder a las Cortes a cambio de un consejero en Bancaja?"