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El sumario de la Operación Malaya

García Marcos planeó beneficiar a su familia a través de la construcción de una clínica

Roca obtuvo 4 millones tras la venta de una parcela a la empresa Orpea para un geriátrico

La ex primera teniente alcalde de Marbella Isabel García Marcos planeó, según la policía, lucrarse y beneficiar a su familia, al ex concejal José Jaén y a sus familiares tras autorizar un proyecto de una clínica geriátrica a la empresa Orpea. La policía constató que el administrador de Orpea, Ángel Rodríguez, ofreció "una participación en los beneficios" a García Marcos, que preparó un borrador de un contrato con dicha sociedad. Poco antes, el cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca, obtuvo un beneficio de 4 millones a través de una empresa tapadera que vendió el suelo para construir el geriátrico a Orpea.

"García Marcos podría mantener una intensa actividad empresarial para cobrar porcentajes de compraventas, así como por la elaboración de proyectos urbanísticos, teniendo en cuenta que como regidora pública tiene influencia directa para hacer que esos proyectos sean o no autorizados", sostiene un informe policial enviado al juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres. Esta denuncia policial se deriva de las reveladoras conversaciones intervenidas a la ex primera teniente alcalde. "Si se hace, vale dinero; papel que haga, papel que cobro", dijo García Marcos en una de esas conversaciones grabadas a principios de año por los agentes.

En dicho escrito de denuncia, los investigadores destacan que "en los registros practicados se halló en la tenencia de alcaldía un borrador de un contrato entre la sociedad y la sociedad Icaria, en la que podría participar familiares de García Marcos y José Jaén". García Marcos regresó el mes pasado a su anterior puesto de inspectora médica en la delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga.

El empresario, detenido e imputado por cohecho, y que ya estuvo en prisión por estafa y malversación en 1992, declaró en cambio que la tránsfuga socialista mantenía intereses políticos, y que le confirmó "con rotundidad" que quería fundar un nuevo partido político.

Rodríguez alegó ante el juez que sorteó continuos obstáculos por parte de los miembros de la corporación municipal, que intentaron beneficiarse de los intereses empresariales de Orpea, tras la adquisición de un terreno de 13.000 metros cuadrados en la zona de Las Chapas por parte de la empresa Peak Trade, para que Orpea gestionara el geriátrico.

"Después de que los alcaldes [Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe] me dijeron que tenía que ir a hablar con el señor Roca, fui a hablar con él", declaró Rodríguez, que aseguró que se reunió en varias ocasiones con Roca y Arturo Moya, anterior coordinador municipal del Plan General. El empresario confirmó al juez que después "de mucho insistir" se reunió con todos los concejales y Roca, "quien llevaba la voz cantante", y que porfió en que era preciso hacer una modificación puntual de elementos. "Pienso que Roca no quería darnos la licencia porque junto a nuestra parcela tiene otra Arenal 2000

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[propiedad de Rafael Gómez, Sandokán, imputado asimismo por cohecho] que construyó en zona verde después de que los vendedores se equivocaran al venderle la parcela", denunció el empresario.

En su declaración ante los agentes del grupo de blanqueo de capitales, Rodríguez, aclaró que nunca recibió la petición expresa para que pagara comisiones ilegales a Roca ni a ningún otro responsable municipal para obtener la licencia y poder construir el geriátrico. Mientras, para intentar suavizar el áspero terreno burocrático y los continuos retrasos que empantanaban la operación y amenazaban con suspenderla sin fecha, Orpea ofreció una donación al Ayuntamiento de material geriátrico de 100.000 euros, pero ningún miembro de la corporación se presentó para rubricar dicha donación.

Además, Orpea encontró la oposición para desarrollar otros dos proyectos, en la zona de Bosquejar y San Pedro Alcántara, que fueron bloqueados. Finalmente apareció en escena Isabel García Marcos para desbloquear la situación, pero todo quedó en agua de borraja y los proyectos de centros geriátricos tampoco salieron adelante.

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