El FMI pide que las comunidades dejen de supervisar las cajas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura, en su último informe sobre España, que el marco legal de las cajas de ahorros "plantea el riesgo de potenciales conflictos en la capacidad supervisora y sancionadora" entre las comunidades autónomas y el Banco de España. En todo caso, sólo Euskadi y Cataluña ejercen esa supervisión sobre las entidades; las otras 15 comunidades han delegado sus competencias en el supervisor.

Hasta ahora no había ningún conflicto, pero ya ha surgido el primero con la Kutxa

El FMI, dirigido por Rodrigo Rato, ex vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, ha lanzado una clara advertencia en su informe sobre España. El organismo reconoce que la regulación y la supervisión sobre la solvencia de las entidades se apoya en el Banco de España y el Ministerio de Economía.

Sin embargo, añade que "al mismo tiempo, cada comunidad autónoma trabaja sobre un marco legal propio, con capacidad para otorgar licencias y tiene autoridad para sancionar y supervisar las cajas y cooperativas que tienen sus sedes sociales en sus respectivas jurisdicciones". El Fondo recuerda que también tienen capacidad para controlar las normas de gobierno corporativo, protección del consumidor, transparencia y obra social.

Pero "hay circunstancias", continúa el informe realizado en junio pasado, "en las que, por la ambigüedad legal, se produce un solapamiento entre el marco legal y nacional que puede causar conflictos, particularmente en la aplicación en la autoridad supervisora sobre normas prudenciales". El FMI reconoce que, "en la práctica", la coordinación entre los cuerpos de inspectores del Banco de España y de las autonomías han funcionado sin problemas.

La realidad es que las autonomías tienen esa capacidad supervisora sobre las cajas y cooperativas de su comunidad, pero sólo dos la ejercen: Cataluña y el País Vasco. El resto, 15 autonomías, han delegado sus competencias en el Banco de España.

Los inspectores vascos y catalanes analizan los balances y cuentas de resultados de las entidades bajo su competencia en colaboración con los del Banco de España, que tienen las más altas atribuciones.

Hasta ahora no se había producido ningún conflicto, pero la caja guipuzcoana Kutxa, que tiene 2.726 empleados y 278 oficinas, ha protagonizado el primero.

El Banco de España tiene interpuesta una demanda al Gobierno vasco por una inspección realizada por este último a la Kutxa. El supervisor, que considera que el Ejecutivo ha invadido sus competencias con esta actuación, espera la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El supervisor alega que los inspectores autonómicos han solicitado más datos de los que les corresponde legalmente.

El Gobierno respondió al FMI que no estaba de acuerdo con su planteamiento. El Ejecutivo recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido cuáles son las competencias estatales: supervisión de la solvencia y la estabilidad financiera. Las autonomías sólo pueden completar aspectos de sus competencias, "por lo que no es posible el conflicto sobre capacidad supervisora y sancionadora", dice el Gobierno.

No obstante, ya hay un recurso de competencias planteado. En ocasiones, algunas cajas de ahorros han mostrado su contrariedad por la existencia de los inspectores autonómicos, ya que les ocasionan más trabajo.

Las anunciadas -y en algunos casos ya realizadas- reformas de los estatutos de autonomía han alertado al Fondo. "Mirando al futuro, los eventuales cambios legales deberían reflejar la exclusividad del Banco de España a la hora de vigilar las instituciones financieras", dice el organismo internacional. El Fondo considera que esto ayudaría a garantizar que la supervisión financiera española "es consecuente con la presente tendencia que se observa en los mercados europeos, con vistas a evitar la fragmentación y aumentar la armonización".

El organismo dirigido por Rodrigo Rato también aborda la transferencia de competencias desde el Ministerio de Economía hacia el Banco de España. De hecho, pide cambios en el marco legal sobre supervisión bancaria "para transferir más poderes regulatorios, ahora bajo Economía, para conseguir reglas prudentes". También recomienda que sea sólo el supervisor el que tenga capacidad para otorgar licencias de funcionamiento.

La respuesta del Ejecutivo, reconocido por los estudios realizados por los expertos del FMI, es que esta petición "no cabe en el sistema legal español". Según la legislación, el Banco de España no tiene capacidad legislativa ni sancionadora para los asuntos de máxima gravedad. El supervisor eleva sus propuestas de sanción a Economía, que es quien las aprueba.