Pésimo mensaje

El Ministerio del Interior anunció el pasado martes la decisión de suspender la cumbre de ministros de Vivienda prevista para los próximos 16 y 17 de octubre, a la que habían confirmado su asistencia representantes de 30 países europeos. Según la versión de su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona habrían coincidido en la necesidad de aplazar la reunión por razones de seguridad, ante las amenazas de okupas y otros grupos radicales. Ambas instituciones catalanas han desmentido al ministro.

Si bien el error inicial pudo encontrarse en fijar la fecha de la reunión coincidiendo con la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 1 de noviembre -una imprevisión de la que, en última instancia, debería responder la ministra Trujillo-, el aplazamiento por razones de seguridad es una decisión rotundamente equivocada. Además de poner en evidencia la falta de coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los que las policías municipales y autonómicas forman parte, transmite nefastos mensajes políticos en múltiples direcciones.

Los grupos de alborotadores que amenazaron el normal desarrollo de la cumbre han obtenido, por primera vez, lo que para ellos equivale a una victoria, algo que no redundará en la tranquilidad de futuras citas de relieve en Barcelona. Y es difícil, por otra parte, que los Gobiernos invitados a la cumbre no extraigan la errónea conclusión, alimentada por los argumentos con los que han sido desconvocados, de que Barcelona se enfrenta a un problema de seguridad mayor que otras ciudades europeas.

En el trasfondo de la decisión de aplazar la cumbre queda flotando, por último, la impresión de que ninguna fuerza política ha querido correr el riesgo de que unos eventuales incidentes tuvieran consecuencias electorales adversas. La acción de vándalos como los que se han dejado ver estos días y que amenazaban con reaparecer en la cumbre de ministros de Vivienda no puede ser, ni directa ni indirectamente, una baza electoral para nadie. Más bien, un motivo de firme y unánime condena.