El Gobierno avisa a Batasuna de que debe rechazar la violencia para ser legal
El Ejecutivo basa su posición en la Ley de Partidos y la jurisprudencia del Constitucional
El Gobierno avisó ayer a Batasuna de que debe apostar por las vías democráticas y rechazar la violencia para ser legal. Así lo dio a entender la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros, al señalar que "[Batasuna] sólo podrá volver a la legalidad si cumple la Ley de Partidos" y tras reafirmar que el Ejecutivo no modificará dicha ley. Batasuna sigue pretendiendo que el Gobierno derogue la Ley de Partidos e interpreta que el presidente Zapatero ha emplazado al partido abertzale a legalizarse para "despistar y no hablar de la mesa de partidos".
Fernández de la Vega insistió en el aviso que el presidente del Gobierno hizo la víspera a la izquierda abertzale para que se legalizara, cumpliendo la Ley de Partidos, vigente desde 2003. Batasuna fue ilegalizada ese mismo año por una doble vía: por la aplicación de la Ley de Partidos y por la vía penal, a través del auto del juez Baltasar Garzón, que la consideraba una parte de ETA. Zapatero garantizó la víspera a Batasuna que si cumplía la Ley de Partidos -con nuevos estatutos y nuevos objetivos- existen "mecanismos en la justicia" para que no se le ilegalice por la otra vía, la penal.
Batasuna ha argumentado reiteradamente que el cumplimiento de la Ley de Partidos le parece insuficiente porque podría quedar fuera de la ley por la vía penal, al haber sido suspendida su actividad por tres años más por el juez Fernando Grande-Marlaska en un auto de enero, alegando que los líderes son los mismos.
Ayer, Fernández de la Vega insistió en que "los mecanismos a que se refiere el presidente del Gobierno son muy claros, el cumplimiento de la Ley de Partidos, que no tiene la mínima intención de modificar, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional apunta que un partido si cumple en sus estatutos con las reglas democráticas será legal, pero si en su práctica defiende la violencia, el racismo o la xenofobia será ilegalizado.
En el caso de Batasuna, un partido ilegalizado en 2003 por no rechazar la violencia, la presentación de una nueva marca y nuevos estatutos, aunque siguieran los mismos líderes, estaría blindado si en sus nuevos estatutos la rechazaran.
Así, en la sentencia de anulación de la candidatura de Aukera Guztiak a las elecciones vascas de 2005, el Tribunal Constitucional advierte que "tan pronto se cierna sobre una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con el terror o con formaciones que han sido proscritas en razón de esa connivencia puede esperarse de ella, si efectivamente no acepta más instrumentos que los del voto y el debate libre, una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representan una organización criminal y sus instrumentos políticos".
Fuentes gubernamentales precisaban ayer, en línea con lo que adelantó Zapatero el jueves, que "si la nueva marca de Batasuna rechazara en sus estatutos la violencia, ningún juez podría ilegalizarle por la aplicación de la otra vía, la penal, porque al rechazar la violencia se convierte en un partido distinto, aunque sus líderes sean los mismos".
Batasuna dispone de varias fórmulas para su legalización antes de las elecciones municipales de mayo en las que quiere competir: desde las agrupaciones electorales, el uso de siglas como EHAK, ensayadas anteriormente, hasta cumplir la Ley de Partidos. El Gobierno asegura que la fórmula de la de la Ley de Partidos es la que garantiza su legalización como ninguna otra.
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