La Asamblea francesa vota una ley que castiga la negación del genocidio armenio

La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer una ley que prohíbe negar el genocidio armenio por los otomanos entre 1915 y 1917 bajo penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa. Sólo 106 diputados votaron a favor de la propuesta del grupo parlamentario socialista. Otros 19 votaron en contra, y el resto, hasta 577, se ausentó del hemiciclo. El Gobierno de Dominique de Villepin, contrario a esta iniciativa y fuertemente presionado por el Gobierno de Turquía, lamentó los "efectos indeseados" que podría generar. El texto legal debe todavía pasar por el Senado.

El Parlamento francés ya había adoptado en 2001 una ley que reconocía la existencia del genocidio armenio, que según la mayoría de los historiadores causó en torno a 1,5 millones de víctimas. Francia cuenta con una importante minoría de origen armenio cifrada en más de medio millón de personas, algunos de cuyos miembros ocupan puestos importantes en la política y en el mundo académico. Hace una semana, el presidente Jacques Chirac visitó oficialmente Armenia, asistió a un multitudinario concierto del cantante Charles Aznavour -Aznavourian es su verdadero apellido armenio- y aprovechó para advertir a Ankara que su entrada en la UE pasaba por el reconocimiento del genocidio.

Pero la iniciativa socialista pilló a contrapié al Gobierno y a buena parte de la clase política, que en un periodo preelectoral tiene dificultades para pronunciarse explícitamente sobre temas polémicos. De hecho, los partidos dieron libertad de voto a sus diputados, incluso el Partido Socialista (PS). Más de 450 se ausentaron del hemiciclo en el momento de la votación.

La presencia de miembros de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido de la mayoría gubernamental, fue escasa. Destacaba, sin embargo, el ex ministro Patrick Devedjian, hombre de confianza del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, y armenio de origen, que pese a votar a favor de la ley vio cómo se rechazaba su enmienda que pretendía excluir de las posibles consecuencias legales sobre la negación del genocidio armenio los trabajos académicos de los historiadores.

Efectos no deseados

Antes de la votación, la ministra de Asuntos Europeos, Catherine Colonna, recordó que el Gobierno no era favorable a la ley y advirtió sobre posibles "efectos contrarios a los deseados". "No es la ley la que tiene que escribir la historia", dijo la ministra. La Comisión Europea era del mismo parecer. Según el comisario para la Ampliación, Olli Rehn, de entrar en vigor, la ley "impediría el diálogo y el debate necesario para la reconciliación" entre Turquía y Armenia.

Esta proposición de ley supone una reincidencia de los legisladores en el intento de fijar el contenido de la historia, pero con los protagonistas cambiados. El pasado invierno, los diputados de izquierdas se abalanzaron sobre la mayoría conservadora por aprobar una ley según la cual los libros de texto debían reconocer "el papel positivo" de la colonización francesa. El debate incidió en que no se puede imponer a los historiadores lo que deben escribir. Finalmente, Chirac devolvió la ley al Parlamento para hacer desaparecer esta mención.