Aguirre recurrió a un bufete para eludir las trabas de los técnicos a un plan urbanístico

El Gobierno de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre (PP), pagó a un bufete privado para avalar un plan urbanístico al que puso trabas el jefe del servicio de planeamiento. Este técnico dependía de Enrique Porto, el director general de Urbanismo que dimitió hace una semana. Para aprobar el plan que rechazaba su jefe de planeamiento, Porto contrató a uno de los bufetes de abogados de mayor prestigio y coste en Madrid. Con ese informe, y otro de los dueños, dio vía libre a un proyecto que permitía más edificabilidad a los promotores de la que el técnico admitía y les brindaba un beneficio de más de 30 millones.

El polémico plan se situaba en el sector 3 de de Villanueva de la Cañada. El jefe de Planeamiento, Jesús Sánchez-Cabezudo, forzó que en el expediente se incorporase su informe negativo, que entregó en mano a Porto como garantía de que "estaría donde tenía que estar", según explicó su autor a este periódico. El plan que cuestionaba Sánchez-Cabezudo se iba a desarrollar en el mismo municipio donde el ex director general poseía, con sus socios, más de 22.000 metros cuadrados, sobre los que tomó una decisión como cargo público para eliminar los obstáculos que impedían su urbanización y, después de hacerlo, vendió en enero de 2006 las fincas que tenía por 4,3 millones de euros. En el sector 1 de Villanueva donde Porto tenía terrenos, el ex director de Urbanismo obvió la tenaz oposición de sus dos técnicos y no incorporó su opinión al expediente. En el sector 3 sobre el que informó en contra Sánchez-Cabezudo, no pudo hacer otro tanto. El técnico impuso que se incorporara su escrito al expediente, pero el resultado fue el mismo: hizo caso omiso de la opinión del funcionario experto.

La controversia era si se podía incluir como suelo urbanizable y computarlo a efectos del volumen total edificable, un espacio calificado de "montes preservados". Porto entendía que sí, con lo que aumentaba la edificabilidad (superficie total construida). El técnico entendía que no, que los propietarios debían restar 28.000 metros de los montes a la superficie del sector. Además, también juzgaba excesivo el coeficiente por el que multiplicaban el suelo para determinar el volumen final edificable del sector. Los promotores pretendían que fueran 0,2392 metros cuadrados por metro cuadrado; y el técnico lo rebajaba a 0,2179.

¿Qué ocurrió ante tales planteamientos desfavorables del jefe de los técnicos? La dirección de Urbanismo que encabezaba Porto para acallar - "contrastar jurídicamente", según la versión oficial- los argumentos de su responsable técnico, utilizó dos dictámenes jurídicos privados: uno de ellos lo facilitaron los propios promotores privados de los terrenos -los más interesados en conseguir la mayor edificabilidad posible-; y el otro fue encargado y pagado con dinero público por la dirección general a un bufete de los más caros de Madrid. Ambos dieron la razón a la tesis que ya defendía Porto desde que tramitó ya el anterior sector (Los Pocillos de Villanueva de la Cañada, donde poseía terrenos y, por tanto, intereses).

La tesis del director

Los dos dictámenes sostuvieron que los montes preservados podían ser computados como urbanizables a efectos de rentabilizarlos en el aprovechamiento global por los dueños. Ésa era la tesis previa de Porto, como confió él mismo en sus reuniones con mandos del departamento, ya que suponía una "gran ocasión" para los promotores, según han contado funcionarios a EL PAÍS. El plan bendecido por Porto superaba -según el informe de su jefe técnico -, en 30.197 metros cuadrados la edificabilidad legal del sector. ¿En qué se traduciría este plus de edificabilidad aprobado a favor de los promotores? Pues en que podrían construir 150 viviendas unifamiliares más o 300 pisos más por encima del marco legal, según cálculos de expertos. A razón de un mínimo de 1.000 euros por metro construido, daría un beneficio neto -no habría existido de haber prevalecido el criterio del técnico- de más de 30 millones de euros. El informe que recoge toda la tramitación del plan, que firma el subdirector de Urbanismo, Mariano Trías, revela que "con fecha 22 de octubre de 2004, el jefe del servicio de Planeamiento y Control del Madrid Metropolitano, solicita la incorporación al expediente de sendos informes de fechas de 8 y 11 de octubre de 2004, en los que tras diversas consideraciones técnicas informa desfavorablemente el expediente".

Sánchez-Cabezudo relató a este diario cómo logró que su informe -a diferencia de lo ocurrido con el de su subordinada sobre el sector donde Porto tenía terrenos-, se incluyera en el expediente: "Lo entregué en mano y firmado al director general. Me pareció la mejor la manera de garantizar que mi informe se incorporara al expediente y de tener la seguridad de que estaría donde tenía que estar. Me he limitado a cumplir con mi función y con la legalidad, como vengo haciendo desde que trabajo para la Administración desde 1972. Y, desde luego, sigo manteniendo el mismo criterio que entonces expuse". Este funcionario asegura que no pudo llegar a suscribir el informe que hizo su compañera Norma Pérez sobre el sector 1 de los Pocillos (donde tenía terrenos el ex director general), en el que pedía la suspensión del proyecto, entre otros, por entender que permitía computar los montes preservados. Pero apoya el criterio de sus compañeros: "Lo conozco perfectamente, y lo asumo en su integridad". Sánchez-Cabezudo no recuerda un precedente en su carrera en el que sus jefes contrataran un dictamen privado para contrarrestar sus tesis. Un portavoz de Medio Ambiente asegura que esta medida suponía una mayor garantía jurídica. El plan de este sector de Villanueva de la Cañada (El Castillo) fue aprobado con el voto en contra del PSOE.